Jul 152021
 

La Cámara Federal resolvió desarchivar una causa contra Guillermo Moreno en la que fue denunciado por Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, máximos responsables en ese momento de Clarín y La Nación, de buscar encarcelarlos y destruir su patrimonio al ordenar realizar un informe sobre Papel Prensa, arrogándose facultades judiciales.

El fallo lleva la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, y la disidencia del juez Eduardo Farah. El juez Norberto Boico se había excusado de intervenir en esta causa. Ahora el caso regresará al juzgado de Ariel Lijo, que había dispuesto archivo del expediente, decisión ahora revocada tras la apelación del fiscal Carlos Stornelli.

En esta causa Moreno está acusado de los delitos de abuso de autoridad, amenazas y extorsión entre otros al dictar la Resolución 126/10 de la Secretaría de Comercio, en el contexto de una suerte de plan del Gobierno “tendiente a perjudicar el patrimonio y la libertad” de los empresarios.

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El abogado de Moreno, Alejandro Rúa, pidió desestimar la denuncia por inexistencia de delito porque argumentó que la decisión administrativa no había sido objetada y que su dictado estaba entre las facultades de su cliente.

La Secretaría de Comercio envió oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, la Sindicatura General de la Nación, el Archivo General de la Nación, la Dirección Nacional del Registro Oficial, entre otros organismo para elaborar su informe sobre Papel Prensa, asumiendo funciones judiciales, dicen los denunciantes.

El juez Irurzun reprodujo en el fallo un voto de su excolega Jorge ballestero, que menciona que en el caso Papel Prensa hubo un cambio en el relato de Lidia Papaleo a partir de 2010 y otros antecedentes de acosos al grupo Clarín y actitudes de hostigamiento sobre ese medio.

El juez Farah, en disidencia, se pronunció por el archivo de este caso porque dijo que ya hay otra causa en juicio oral por la que Moreno está siendo juzgado y que en ambas se investiga lo mismo: en la primera para acusar a los denunciantes de una maniobra delictiva relacionado con la adquisición de las acciones de Papel Prensa y en la otra causa de dictar resoluciones arbitrarias, en el marco de un plan ideado por el funcionario que se centraba en maniobras contra el Grupo Clarín. Para Farah hay una “superposición parcial pero determinante” entre las acusaciones en ambas causas y eso es una conducta prohibida.

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El juez Bruglia, convocado para desempatar, coincidió con Irurzun y dijo que el juez Lijo no realizó una “correcta valoración valoración de los antecedentes del caso”. Entendió que Moreno no actuó dentro del marco normativo relativo a sus funciones como Secretario de Comercio. “La orden impartida por el encartado (Moreno) de realizar un informe orientado a develar una posible actuación delictiva de parte de otros socios vinculada al proceso que tuvo lugar entre 1976-1983 no encuadraría prima facie dentro de las competencias que tenía asignadas el organismo a su cargo”, dijo el juez.

“Frente a una actuación que en principio excedería las facultades funcionales, no puede descartarse la posible comisión de un hecho ilícito en el ejercicio del cargo”, dijo Bruglia. Por eso coincidió con el fiscal cuando expresó que “la arrogación de facultades por fuera de las competencias funcionales determinadas por la normativa citada, es algo que la investigación no ha descartado categóricamente”.

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