Jul 152021
 

Los dólares son “un bien escaso” admitió esta semana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para justificar los mayores controles sobre el tipo de cambio. Las consultoras privadas coinciden con el Gobierno en este tema: en la segunda parte del año, caerán los ingresos de divisas por exportaciones (terminada la cosecha gruesa del campo) y aumentarán las presiones sobre las reservas del Banco Central.

En concreto, el Gobierno deberá administrar los dólares para cubrir tres frentes: la mayor demanda de los importadores para no ahogar el rebote económico, la de los inversores que buscarán dolarizar sus carteras previo a las elecciones y los pagos a los organismos multilaterales. Para este último desafío, el Gobierno recibirá una ayuda a fines del mes próximo, cuando el FMI reparta los derechos especiales de giro (DEG, el dinero del Fondo). A la Argentina le corresponderían US$4400 millones.

Por el lado de las importaciones de bienes y servicios, según la consultora Ecolatina, la demanda que podría haber en la segunda parte del año ascendería a US$30.500 millones. La balanza comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones), sin embargo, se mantendría positiva, gracias al altísimo precio que tuvieron los precios de las commodities en la primera parte del año.

“El tercer y cuarto trimestre son los más complicados para las importaciones, pero el Banco Central tiene otro as bajo la manga: mandar a las empresas al paralelo, que tiene un costo en la inflación, pero se puede hacer. Nosotros suponemos que no debería haber muchas restricciones, porque si hay faltantes de productos tendrían más impacto a nivel visibilidad y el Gobierno se quiere cuidar con eso, sobre todo en un año electoral”, estima Matías Rajnerman, economista de Ecolatina.

El gran debate entre las consultoras es sobre los dólares que necesitará el Banco Central para contener el valor del tipo de cambio oficial y el de los financieros (con la compra y venta de bonos). Según Ecolatina, en la segunda parte del año la entidad podría destinar hasta US$3000 millones, mientras que la consultora Equilibra indica US$2400 millones, ya que proyecta que las ventas diarias en el segmento financiero no superarán los US$20 millones promedio.

“Los agentes se quieren dolarizar previo a una elección, sobre todo cuando el dólar se usa como ancla y sube bastante menos que los precios. Eso genera expectativas de devaluación y la gente se quiere cubrir por las dudas. Esto se puede revertir, pero es difícil porque no es un Gobierno que esté generando confianza. El acuerdo con el FMI todavía no está y hay muchas idas y vueltas, que no dan certidumbre”, analizó Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra.

La otra consecuencia de atrasar el tipo de cambio oficial es que empieza a haber distorsiones en la balanza comercial. “Por más que el Gobierno quiera cerrar las distintas canillas, las ganas de no quedarse en pesos de las empresas y particulares existe. Una manera de dolarizarse es a través de las importaciones y muchos adelantan compras del exterior. Los exportadores prefieren quedarse con los granos y no venderlos. Ahí está el problema para el Gobierno: puede cerrar el CCL, pero esa presión por algún lado se va a filtrar”, indicó.

Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, indica que el Gobierno utilizó alrededor de US$900 millones para mantener la “flotación sucia” a través de la compra de bonos en el primer semestre. “El cepo del cepo que anunciaron esta semana apunta a que el Banco Central pueda mantener las intervenciones de flotación sucia en un mercado más chico. Por eso quitaron potenciales demandantes, para utilizar menos reservas”, analiza.

Además advierte que, si bien este año podría haber un superávit comercial de US$1400 millones, similar al anterior, las importaciones de energía se duplicarán de los US$1800 millones a US$3600 millones, pero quedarán disimuladas en la balanza final por el “fortísimo aumento del precio de las commodities. Y comparó: “En la primera parte del año se recaudaron US$5200 millones de las retenciones; el año pasado fue la mitad”.

Con relación al pago de los vencimientos con el FMI, Sigaut Gravina indica que el tema “está cubierto”, gracias al ingreso de los DEG. “Esa parte está muy despejada; hay necesidades, pero también fuentes. El problema se traslada para el año que viene, cuando hay mayores vencimientos”, indicó.

Rajnerman, por su parte, hasta indicó que podrían sobrar los DEG si el Gobierno evita pagar el último vencimiento de alrededor de US$1900 millones con el FMI en diciembre, ya que podría ingresar dentro del programa de refinanciación con el Fondo. Sin embargo, calcula que se necesitarán US$5000 millones para cubrir todos los pagos de deuda, sumados los de las provincias y los privados.

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