Jul 212021
 

Para el cumplimiento de sus funciones y el fin por la que fueron creados, el Estado Nacional y sus organismos necesitan de una gran cantidad de insumos que se obtienen por licitación pública y, en casos excepcionales, por contratación directa.

Hay que tener presente que somos los ciudadanos, con nuestros aportes por los impuestos que pagamos, los que conformamos el erario público que es administrado por el Estado Nacional al cual, oportunamente, se le debe exigir por los organismos de control pertinentes la rendición de cuentas y así lograr la transparencia de la función.

Teniendo en cuenta que no revisten la condición de propietarios, los administradores públicos tienen la potestad de disponer de los recursos públicos de la forma más eficiente. El máximo responsable de la administración pública es el presidente de la Nación, quien debe buscar la optimización de los recursos y el correcto manejo de los mismos asumiendo, desde ya, la respectiva responsabilidad.

El control del sector público lo realizan, por un lado, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que es el órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y depende del Presidente. Por otro lado, el Congreso Nacional ejerce un control externo y la Auditoria General de la Nación (AGN) ejerce un control externo, pero no parlamentario realizando una asistencia técnica al Congreso.

El tema es muy amplio y si se lo profundiza conoceremos el fin y destino de los actos licitatorios que realiza el Estado, pagados en la forma antes mencionada, y que llegado el caso puedan observados por esos órganos de control.

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