Jul 212021
 

CÓRDOBA.- Córdoba es el distrito más anti kirchnerista de la Argentina a juzgar por los resultados de las últimas elecciones. Además, tiene un fuerte sector agropecuario con enfrentamientos periódicos con ese sector político. En ese contexto, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba por dos períodos, Pedro Salas, es apuntado como kirchnerista. “Peronista, no me baje el precio”, dice él a LA NACION. ¿Qué piensa Salas del sector? ¿Cómo es un ruralista señalado de kirchnerista en una provincia de perfil anti k?

“Hay muchos productores peronistas, el campo es diverso, no un único que responde a la Mesa de Enlace”, agrega. Con el gobierno cordobés de Juan Schiaretti -de relación distante con el kirchnerismo- tiene “buen vínculo institucional”. Desde esa administración coinciden en que hay diálogo igual con otros sectores.

Hay un cortocircuito de la Sociedad Rural de Córdoba con la Mesa de Enlace que excede largamente a la gestión de Salas. Viene de 2008, en tiempos de la resolución 125, cuando la presidía José Romero Díaz, quien fue a la Quinta de Olivos invitado por Néstor Kirchner.

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Aunque se presentó como “un gorila de pelo de un metro de largo”, dialogaron y terminaron trabando una buena relación personal. “Después de eso, la Mesa llamó a la Rural para pedir explicaciones y nos fuimos de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, con base en Córdoba) y de la Mesa”, explica Salas.

A quienes dicen que no es productor -es abogado y ejerce la profesión-, Salas les responde de manera categórica que su familia es “de campo desde hace diez generaciones; con tierras en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero” y en Córdoba.

Sobre el poco peso de la Sociedad Rural en Córdoba en el sector en general, hace un poco de historia. Repasa que la fundó en 1900 un abogado, Ramón J. Cárcano, “un liberal, un hombre de avanzada”. En esta línea, aprovecha para aclarar que sus mayores diferencias son con los “neoliberales”.

“En ese entonces Córdoba era una potencia ganadera, pero en los últimos 25 años hubo un retroceso por más producción de soja, de maíz”, dice. Enfatiza que no cuestiona esa realidad. “Al que gana la plata trabajando no le voy a cuestionar nada nunca”, señala.

Sobre ese fundamento sostiene que las rurales, en general, perdieron peso y menciona que, en el caso de la cordobesa, hubo una “reconversión”. Pusieron en marcha un centro genético para mejora de productores, viveros de hidroponía de verdura y forraje premiados por Naciones Unidas y son un centro equino de referencia, además de tener importancia en animales de granja.

Señala que con la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque deben “sentarse a conversar algunos temas”, comparten actos y reuniones institucionales. Sí remarca que con la única entidad que no tienen sintonía ni siquiera formal es con la Sociedad Rural de Jesús María.

“Nosotros no tenemos ningún presidente preso y, a diferencia de ellos, nunca nos erigimos como la vara de la moral”. La referencia es al extitular de esa entidad, Luis Magliano, a quien la Justicia involucró en un caso de desaparición de vacas que denunciaron otras empresas que le habían confiado animales para engorde en Santiago del Estero.

Posturas

Salas insiste en que la Rural de Córdoba “no entra en ese discurso beligerante” ni “juega partidariamente”. A él, dice, nunca le ofrecieron ninguna candidatura. “Hace unos días hablábamos con unos ruralistas y buscábamos qué medida hubo de este Gobierno que afectara y no encontramos ninguna”, señala. Enfatiza que por las compensaciones para la soja “400 cordobeses cobraron $2000 millones, tenemos que ser razonables”.

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Comparte con LA NACION el punteo de los temas que más enfrentaron al campo con la gestión de Alberto Fernández. Sobre Vicentin, plantea que el “error” fue de la conducción de la empresa.

“En el gobierno de (Mauricio) Macri el Nación con (Javier) González Fraga y (Lucas) Llach le dieron US$100 millones; fue por portación de cara, evidentemente fue un préstamo político y la empresa prometió pagar a los productores, nunca cumplió”, describe. “De ese tema nunca la Mesa de Enlace habló, tenemos una coherencia en la conducta, siempre estamos al lado de los productores nunca de quien les incumplió”, agrega.

Después siguieron las restricciones para las exportaciones de maíz. Salas define que “había muchos especulando porque había duplicado el precio y eso afectaba a criadores de pollos y cerdos, biocombustibles, feedlots, tambos y cadena agroalimenticia. Hubo una reunión con el ministro y la decisión fue ‘pisar’ hasta que se arreglara. Se negoció en términos intra empresariales y volvió a funcionar las mesas de acuerdo y todo el resto con la normalidad”.

Sobre el cepo a las exportaciones de carne indica: “La Mesa de Enlace reclamó cuando se extendió el registro único a la carne que funcionaba con declaraciones juradas; la Mesa de Enlace tuvo cuatro años el Ministerio, los cuatro de Macri. Cuando empiezan los controles se detectaron irregularidades, había que poner orden”.

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