Sep 062021
 

Un nutrido grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezado por la vicepresidenta de la Comisión de Salud Carmen Polledo (Pro), presentó en la Cámara baja un pedido de informes al Gobierno para dilucidar si el laboratorio Richmond, a cargo de la producción local de la vacuna rusa Sputnik V, se habría beneficiado indebidamente de exenciones impositivas, aduaneras y de costos de logística que, hasta ahora, afronta el Estado argentino.

Polledo observa con lupa las tratativas entre el laboratorio Richmond –cuyo presidente es Marcelo Figueiras– y la empresa Human Vaccine –productora de la vacuna Sputnik V y propiedad del gobierno de la Federación Rusa– para la producción local de las dosis contra el Covid-19. Hasta el 4 del mes pasado, la relación contractual era de Estado a Estado, es decir, entre la Argentina y Rusia; sin embargo, a partir de aquella fecha interviene formalmente el laboratorio Richmond a partir de una cesión parcial del contrato.

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Esta modificación en la relación contractual encendió una luz de alerta en la oposición y desató un sinnúmero de interrogantes, los cuales fueron planteados en el pedido de informes. La pregunta central es: ¿fue el laboratorio Richmond eximido de pagar impuestos (entre ellos el IVA), tasas aduaneras o cualquier otro gravamen por importar de Rusia el principio activo de la vacuna Sputnik V?

Aquí subyace el primer problema: según la ley de vacunas hoy vigente, la exención del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, tasa o arancel aduanero o portuario solo se limita a las vacunas y descartables que son importados por el Ministerio de Salud. Pero nada dice la normativa acerca de la importación del principio activo de la vacuna; este principio activo es, justamente, el que importa el laboratorio Richmond para completar la producción de la vacuna Sputnik V en el país. ¿Le compete estas exenciones tributarias, tratándose de una empresa privada?

El tema no es menor. Hasta el momento, Richmond entregó para su aplicación y distribución en el país 1.882.125 dosis de la vacuna Sputnik V. ¿Cuál fue el precio que pagó el Gobierno por dichas vacunas? ¿Están incluidos los gravámenes o no? Un dato a tener en cuenta: el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó el mes pasado para eximir del pago de impuestos la compra de vacunas producidas en el país (como las que fabrica Richmond o el laboratorio mAbxience, con AztraZeneca) todavía no fue aprobada por el Congreso. Ni siquiera se trató en comisión.

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Desde el Laboratorio Richmond relativizan las sospechas y, si bien admiten que la ley vigente no contempla la eximición de impuestos al principio activo de la vacuna, insisten en que el precio por dosis que se le vende al Estado es el mismo que el que estipula el contrato original firmado entre el Estado y la Federación Rusa, es decir, 10 dólares.

“El Estado deberá definir si esta producción local (que por ahora Richmond limita al llenado y envasado de las vacunas, pero a partir del año próximo comprenderá el proceso completo de producción) se encuentra comprendida en la ley que actualmente exime de impuestos a las importaciones relacionadas al Covid, o si se incluye en el nuevo proyecto de ley para todas las vacunas producidas localmente. De no ser así se deberá facturar adicionalmente el impuesto, cosa que evidentemente es inocua para el laboratorio. El precio sigue siendo el mismo”, afirman voceros de la empresa.

Los opositores también plantean otro interrogante: no hay información precisa sobre qué cantidad de dosis de vacuna produce el laboratorio Richmond a partir del principio activo que importa de la empresa Human Vaccine. El laboratorio comprometió la venta de 4 millones de dosis al gobierno argentino pero un eventual excedente podría ser exportado a otros países. Así lo acordaron Human Vaccine, de Rusia, y el laboratorio Richmond. Ahora bien, el laboratorio de Figueiras y Rusia correrían con la ventaja de haber contado con beneficios impositivos por parte del Estado argentino a la hora de vender su vacuna afuera. No solo eso: los opositores también quieren saber si, además, Figueiras contó con el auxilio del Estado en materia de transporte y logística para importar el principio activo de la vacuna para producirla localmente.

De ser afirmativa la respuesta, las sospechas de la oposición pasarían a ser una certeza: el laboratorio Richmond, además de proveer vacunas a nuestro país con exenciones impositivas que no le corresponderían a una empresa privada, obtendría un diferencial extra a la hora de exportar sus vacunas a otros países.

Consultados por LA NACION, los voceros del Richmond procuran despejar las dudas. “La vacuna Sputnik se encuentra aprobada dentro de la emergencia sanitaria y en proceso de aprobación definitiva por el ANMAT. Y la aprobación actual implica que la provisión de las dosis es solo para el Estado argentino. Nos encontramos impedidos de vender o exportar a otros destinos que no sean el Estado nacional”, aseveran.

Exaltan, además, que el laboratorio sigue a rajatabla el contrato original firmado entre la Argentina y la Federación Rusa, el cual contempla una cláusula por la cual se establece que la facturación por las dosis (para el caso de que la producción se finalizara en otro sitio que no fuera la Federación Rusa) sea realizada por la empresa encargada de ese tramo final del proceso.

“Así, se evita que las dosis sean exportadas a Rusia y luego reimportadas a la Argentina, lo que implica un ahorro importante en materia de logística y transporte de las vacunas”, destacan.

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Más allá de las explicaciones, los diputados opositores insisten con sus interrogantes: sostienen que el contrato establece taxativamente que es la empresa rusa Human Vaccine y no Richmond la que debe facturar por las dosis entregadas al Ministerio de Salud. De hecho, la propia asesora presidencial Cecilia Nicolini, en la carta que le envió un directivo del Fondo Ruso que vende las vacunas Sputnik, había expresado sus reparos a que se introdujera la figura de un intermediario –como habría solicitado la contraparte rusa- en las transacciones comerciales por la vacuna ya que el contrato firmado con el gobierno argentino no lo permite.

“Todo lo que parecía que no se podía hacer, ahora, sugestivamente, se puede”, desliza Polledo.

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