Sep 062021
 

Las imágenes que revelaba el escáner de rayos X que operaba el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) eran inequívocas: “Presencia de sustancia orgánica”, determinaban. Entonces, el español Pedro Cantero Lozano, que estaba por subir a un avión para regresar a su país, no tuvo más remedio que abrir el bolso de mano: a la vista quedaron las rudimentarias jaulas con pájaros vivos. Minutos después, al revisar a otros pasajeros y los equipajes despachados, fueron descubiertas más aves que intentaban llevar de contrabando a España. En total: seis tucanes, 84 cardenales rojos, 24 cardenales amarillos y 12 federales, todas especies autóctonas protegidas y que tienen prohibición de comercialización y exportación.

Cinco años y tres meses después de ese frustrado contrabando de las aves, el juez en lo penal económico Luis Losada no hizo lugar a los pedidos de suspensión del juicio a prueba, acto procesal conocido como probation, que habían sido solicitados por las defensas de Cantero Lozano y de otros tres imputados.

“El rechazo a las solicitudes de probation se fundó en la imposibilidad de una pena de prisión en suspenso, dado que el mínimo de la pena del delito porque el cual los imputados llegaron a juicio es de cuatro años”, informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Los tucanes que dos ciudadanos españoles intentaron llevar de contrabando a España

Aquel 5 de junio de 2016, después del hallazgo en el equipaje de Cantero Lozano, que hoy tiene 59 años, y de su compatriota Ángel Boyero Hernández, de 48, las autoridades intervinientes se comunicaron con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Un inspector del organismo informó que los cardenales amarillos estaban “en grave peligro de extinción” y que los tucanes estaban en estado vulnerable.

El especialista explicó que los tucanes, los cardenales y los federales no tenían “una cotización legal en el mercado” y que como eran aves autóctonas protegidas estaba prohibida su comercialización y exportación, pero estimó que su valor podía llegar hasta los 765.000 pesos.

Tras el operativo, los animales quedaron en “depósito judicial” en el bioparque Temaikén, de Escobar, hasta que fueron reintroducidos en su hábitat natural.

Cuando fue indagado, Boyero Hernández sostuvo que no sabía que “no podía exportar las aves a España” porque desconocía las leyes argentinas e intentó explicar que los animales no estaban escondidos porque los llevaba “en jaulas en las maletas”, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio firmado por la entonces fiscal María Luz Rivas Diez.

Cantero Lozano dijo: “No sabía que esta actividad está penada. Las aves no iban escondidas. En la maleta y en el bolso de mano había ropa y aves”.

Al pedir que la causa sea elevada a juicio, la representante del Ministerio Público sostuvo que existió un plan “para transportar las aves de forma oculta entre sus pertenencias”. También sostuvo que hubo, entre los dos ciudadanos españoles, “un reparto de tareas”.

“Las características del hecho, sumadas a la breve estadía de Cantero Lozano y Boyero Hernández en nuestro país [apenas tres días] y a la documentación recopilada permitirían inferir que esta maniobra habría tenido como motivación la posterior comercialización de los animales en el exterior”, afirmó la fiscal Rivas Diez, que en su momento, estuvo a cargo del caso de Carlos Antonini Wilson, a quien el 4 de agosto de 2007 se le secuestró una valija con 790.550 dólares en el Aeroparque Jorge Newbery tras el aterrizaje de un avión privado proveniente de Venezuela.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el juicio para un ciudadano argentino, productor de ganado vacuno de La Plata, que habría sido quien les proveyó las aves a Boyero Hernández y a Cantero Lozano. Fue acusado de tener una participación necesaria en el intento de contrabando.

Según el dictamen de la fiscal, el productor ganadero no solo fue quien proveyó los tucanes, cardenales y federales, sino que también se encargó de acondicionar las jaulas en el equipaje y de llevar al aeropuerto internacional de Ezeiza a los dos sospechosos españoles.

“No puede soslayarse que se intentó egresar del país en forma clandestina una importante cantidad de ejemplares vivos, lo cual resulta indicativo de un ánimo lucrativo [su comercialización en el exterior]”, afirmó Rivas Diez en el requerimiento de elevación a juicio.

La por entonces fiscal sostuvo que la forma en que se habían acondicionado las aves en el equipaje (pequeñas jaulas precarias) “revelaría que los imputados tenían pleno conocimiento de la ilicitud del accionar desplegado”.

Epígrafe: las aves que dos españoles quisieron sacar del país de contrabando

El cuarto imputado es otro ciudadano español que, según el expediente judicial, fue quien hizo el contacto entre sus compatriotas y el proveedor de las aves.

Una vez que la causa estuvo radicada en el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°1 para la realización del juicio, las defensas de los imputados pidieron que la causa se cerrara con una probation. El fiscal Santiago Roldán, en representación del Ministerio Público, se opuso.

“El contrabando de más de 120 pájaros pertenecientes a nuestra fauna silvestre configura una lesión importante a los respectivos bienes jurídicos en juego. Debe señalarse, al respecto, que en el régimen del Código Aduanero la cantidad de las mercaderías es tomada en cuenta para la aplicación de agravantes y, en el caso, la citada cantidad de 126 pájaros es objetivamente determinante para apreciar la entidad de la lesión”, sostuvo el juez Losada al fundamentar el rechazo de la suspensión del juicio a prueba que habían solicitado las defensas.

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