Sep 292021
 

Con una inflación que supera el 50% anual, un presupuesto pierde su condición de establecer límite de gastos y predicción de recursos e, inevitablemente, cualquier hipótesis inflacionaria al momento de proyectar cifras puede quedar superada por la realidad. En este caso, se partió de un 33%, aunque no tiene mayor importancia el valor elegido, pues los analistas económicos lo consideran impracticable, mientras que una visión política confirmaría la dificultad para asegurar un mínimo de estabilidad. Seguramente hay diferencias en el Gobierno entre lo que realmente se pronostica y lo que se quiere mostrar. Este conflicto hace difícil y a veces irrealista cualquier análisis del presupuesto. Si a eso se suman las presiones del jefe del bloque de Diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, para no recortar subsidios y acelerar el gasto social, solo queda margen para cotejar la compatibilidad relativa de las variables macroeconómicas entre sí y para estudiar las proyecciones físicas, no monetarias, del gasto.

En el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso la falta de realismo de las hipótesis se aplica también a otras variables, tales como la evolución del tipo de cambio. De ese cotejo surge que esta propuesta del presupuesto es ciertamente criticable desde su consistencia como política económica. Mientras que la inflación proyectada es 33%, en el mismo período la devaluación propuesta para el tipo de cambio oficial es del 28%. Continuará así la revaluación del peso a pesar de la brecha de más del 80% que hoy separa la cotización del dólar comercial de la informal. Esta brecha ya induce comportamientos tales como la subvaluación de exportaciones y la sobrevaluación de importaciones. Continuar con esa política llevará inevitablemente a una balanza de pagos negativa y al rápido agotamiento de las ya muy escasas reservas de libre disponibilidad.

El déficit fiscal primario proyectado en el presupuesto de 2022 alcanza a un 3,3% del PBI. Habría una reducción de 0,7% respecto del año en curso, sin computar como ingreso de 2021 los 4334 millones de DEG recibidos del FMI. El déficit financiero previsto en el presupuesto de 2022, incorporando el pago de intereses, es de un 4,9% del PBI. Es un monto muy comprometedor, considerando que el Gobierno ha perdido su capacidad de financiarlo en condiciones razonables. El mismo mensaje de la ley enviada al Parlamento lo reconoce: “Sin un mercado de capitales local desarrollado, la Argentina se ha visto frente a la necesidad de cubrir sus requerimientos de financiamiento a través de dos vías: la deuda en moneda extranjera y el financiamiento monetario. Ambas circunstancias atentan contra el desarrollo de una moneda nacional confiable y dificultan el equilibrio macroeconómico, sin el cual se hace imposible el crecimiento sostenido de la producción y el empleo”. En el proyecto de presupuesto para 2022 se prevé monetizar el 36% del déficit. Esto significa una emisión de 1,1 billones de pesos. Sería inferior a la ocurrida en 2021, aunque la realidad la impondrá el mercado. El nivel alcanzado por el índice de riesgo país está diciendo que el gobierno argentino tendrá que enfrentar tasas de interés prohibitivas si concurre al mercado de deuda. Es altamente probable entonces que deba recurrir a la emisión de moneda en una proporción mayor que ese 36% habida cuenta de las dispendiosas medidas electorales populistas que impulsa en este último tiempo. Esto a su vez impulsará la inflación, ya que la demanda de dinero tiende actualmente a disminuir.

No se proyecta una reducción del gasto en personal ni se menciona un proceso de racionalización administrativa. Solo hay una referencia a acuerdos en materia laboral que resultan de negociaciones con los gremios estatales sobre reglamentos y mejoras, no necesariamente de productividad. Tampoco se prevén modificaciones en el régimen de coparticipación federal de impuestos que permitieran inducir hacia un menor gasto en provincias y municipios. Esto y la ausencia de proyecciones de reducción de personal sobrante confirman que el proyecto de presupuesto excluye la imprescindible reforma de un Estado paquidérmico y propone continuar con un nivel de gasto público insostenible.

Si bien no hay una mención expresa a la repetición del mal llamado impuesto a la riqueza se prevé sostener el nivel global de presión tributaria frente a un crecimiento del 4% del PBI en 2022, lo cual permite suponer que se volverá a repetir este confiscatorio impuesto. Se sostienen la muy elevadas alícuotas del impuesto a los bienes personales radicados en el exterior, a pesar de la opinión en contrario de calificados tributaristas. El proyecto, en su artículo 82, modifica la expresión de la ley de delegación de atribuciones, donde dice “hasta el 31/12/2020″ se sustituye por “durante la vigencia del gravamen”. Con ello extiende, violando preceptos constitucionales, la vigencia de las alícuotas incrementadas, incluso para los anticipos desembolsados durante 2021. Esta acción desalentadora no toma nota de la inmensa cantidad de contribuyentes que han emigrado su correspondiente domicilio fiscal para huir de la asfixiante carga impositiva y que expulsará a más.

El proyecto de presupuesto no es una definición de los cambios que debieran esperarse a partir de la urgente necesidad de reformas estructurales que necesita una economía en terapia intensiva. ¿Será que existe la intención de realizarlos, pero no se los quiere exponer? Esta sería la mejor de las hipótesis, pero no parece realista para un gobierno que ha hecho de la irresponsabilidad una norma, del populismo una doctrina, y de su política y de la ley de leyes, un mero dibujo.

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