Qué Quiere Decir El Artículo 37 De La Constitución Argentina?

Qué Quiere Decir El Artículo 37 De La Constitución Argentina

Primera Parte Capítulo Segundo Nuevos derechos y garantías Art. 36. – Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos.

Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Art. 37. – Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia.

El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

Art. 38. – Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.

El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Art. 39. – Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados.

El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Art. 40. – El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley.

La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante.

En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. Art. 41. – Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

  1. Art;
  2. 42;
  3. – Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno;

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Art. 43. – Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.

  1. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva;
  2. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización;

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos.

¿Qué dice el artículo 38 de la Constitución?

El artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión.

¿Qué es una consulta popular en Argentina?

Consulta Popular. Mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

¿Qué es la iniciativa popular en Argentina?

Proyecto El Senado y Cámara de Diputados. Capítulo I Disposiciones Preliminares ARTICULO 1°. – Objeto: la presente ley tiene por objeto reglamentar el artículo 39 de la Constitución Nacional. ARTICULO 2. – Definiciones: A los efectos de la presente se entiende por “iniciativa popular” el derecho de iniciativa de los ciudadanos para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación.

Capítulo II Disposiciones Generales. Requisitos de admisibilidad ARTICULO 3. – Materias habilitadas. Puede ser objeto de iniciativa popular todo proyecto de ley, con excepción de los proyectos referidos a: a) la reforma constitucional, b) los tratados internacionales, c) los tributos, d) el presupuesto, y e) la materia penal.

ARTICULO 4. – Adhesiones. La iniciativa popular requiere necesariamente la adhesión de: a) un número de ciudadanos no inferior al 0,75 % (cero con setenta y cinco por ciento) del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales; y b) ciudadanos de por lo menos 4 (cuatro) distritos electorales.

Excepciones. Cuando el proyecto de ley objeto de la iniciativa popular limite su ámbito de aplicación territorial, el requisito porcentual del inciso “a” se cumple considerando únicamente el padrón electoral del total de las provincias que se encuentren alcanzadas, y sin exigir la cantidad mínima de distritos que prevé el inciso “b”.

Capitulo III Trámite del proyecto de iniciativa popular Sección 1°. Autorización previa de la propuesta de iniciativa popular. Artículo 5. – La propuesta de iniciativa popular requiere autorización previa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en lo que respecta a la admisibilidad de las materias habilitadas y al cumplimiento de los requisitos formales.

Artículo 6. – La propuesta de iniciativa popular se presenta por escrito ante la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados y debe contener: a) el texto del proyecto de ley a presentar; b) una exposición de motivos fundada; c) el nombre y domicilio del o los promotores de la iniciativa; e) el modelo de los pliegos de recolección de adhesiones, conteniendo el resumen impreso del proyecto de ley a ser presentado y el nombre de sus promotores.

Artículo 7. – Ingresada en la Cámara de Diputados, la propuesta de iniciativa popular es girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de veinte (20) días hábiles de su recepción debe dictaminar sobre la admisibilidad de las materias habilitadas y el cumplimiento de los requisitos formales.

La Comisión de Asuntos Constitucionales puede intimar a los promotores a corregir o subsanar defectos formales. Artículo 8. – El dictamen que declare inadmisible la propuesta de iniciativa popular es apelable ante la Justicia Nacional Electoral.

Artículo 9. – Notificada la decisión de admitir la propuesta de iniciativa popular a los promotores, comienza el procedimiento de recolección de adhesiones, que debe finalizar en el plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la notificación.

Vencido el plazo sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas ante la Justicia Nacional Electoral, a los efectos de lo dispuesto en la sección 3° de la presente ley, la citada Comisión archivará la iniciativa.

Artículo 10. – La Cámara de Diputados de la Nación debe disponer de una oficina de atención y asesoramiento al ciudadano que promueva el derecho de Iniciativa Popular para presentar proyectos de ley. Sección 2. Proceso de recolección de adhesiones Artículo 11.

– Los promotores recolectan las adhesiones con el modelo de pliego presentado en los términos del artículo 6, inc. d), previamente aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Artículo 12. – En el modelo de pliego de recolección de adhesiones se debe aclarar el nombre, apellido, número y tipo de documento, y domicilio del adherente, tal como figure en el padrón electoral. Artículo 13. – La adhesión se presta indistintamente a través de la firma holográfica del adherente, o por medio de su huella dígito pulgar.

La justicia nacional electoral puede habilitar medios electrónicos válidos, a través de los cuales los ciudadanos puedan expresar su adhesión con la iniciativa popular Sección 3. Contralor de la Justicia Nacional electoral Artículo 14.

– Los promotores se presentan ante la justicia nacional electoral a los fines de que la misma se expida y verifique: a) por el método de muestreo la autenticidad de las adhesiones contenidas en los pliegos; b) el cumplimiento de los porcentajes exigidos por el art.

  • 4° de la presente ley; c) el origen de los recursos y de los gastos incurridos para presentar el proyecto de iniciativa popular ante la Cámara de Diputados, y si los mismos se ajustan a lo dispuesto en el art;

26 de la presente ley. Artículo 15. – La Justicia Nacional electoral verifica por muestreo la autenticidad de las firmas y/o huellas dígito pulgares. El tamaño de la muestra no puede ser inferior al 0,5% (medio por ciento) del total las adhesiones presentadas.

Artículo 16. – La Justicia Nacional electoral se debe expedir en un plazo no mayor de 20 (veinte) días, prorrogable por resolución fundada de ese Tribunal. Artículo 17. – La Justicia Nacional electoral recibe, antes del plazo máximo en que debe expedirse, las impugnaciones de terceros a la autenticidad de las adhesiones.

Acreditada la falsedad de la adhesión, la justicia nacional electoral la debe desestimar del cómputo para el proyecto de iniciativa popular, sin perjuicio de las demás acciones penales a que hubiere lugar. Artículo 18. – La planilla de adhesiones es documento público.

En caso de verificarse que el cinco por ciento (5 %) o más de las adhesiones presentadas sean falsas, la justicia nacional electoral debe desestimar el proyecto de iniciativa popular. Artículo 19. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la presente ley, todos los autorizados por la ley electoral pueden también certificar la autenticidad de las adhesiones de manera individual, sin valerse del método de muestreo.

Sección 4. Presentación de la iniciativa popular en la Cámara de Diputados Artículo 20. – Cumplido con el contralor de la justicia nacional electoral prescripto en la sección 3° de la presente ley, los promotores deben presentarse dentro de los 10 (diez) días de notificados de la resolución que así lo declara, ante la Mesa de entradas de la Cámara de Diputados y acompañar: a) el texto del proyecto de ley a presentar; b) una exposición de motivos fundada; c) el nombre y domicilio del o los promotores de la iniciativa; d) Los pliegos con la recolección de las adhesiones exigidas en el artículo 4° de la presente ley; e) la resolución de la Justicia Nacional electoral a que se refiere el artículo 14 de la presente ley.

Artículo 21. – Ingresado por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de iniciativa popular, debe ser girado inmediatamente a la Presidencia de la Cámara. Artículo 22. – La Presidencia de la Cámara de Diputados, debe: 1) ordenar la inclusión del proyecto de ley objeto de la iniciativa en el orden del día como asunto entrado, siguiendo en adelante el trámite previsto para la formación y sanción de las leyes; 2) girar el proyecto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas para su tratamiento por parte de la Comisión de Labor Parlamentaria.

Artículo 23. – La Comisión de Labor Parlamentaria debe producir dictamen a más tardar para la segunda reunión de dicho cuerpo, e incluir el proyecto objeto de la iniciativa en el orden del día de la Cámara de Diputados, con tratamiento preferente. Artículo 24.

  1. – El cuerpo debe proceder al inmediato tratamiento del proyecto de ley objeto de la iniciativa, y puede a tal efecto declararse en comisión manteniendo la preferencia;
  2. ARTICULO 25;
  3. – Admitido el proyecto de ley por iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de doce (12) meses;

Capitulo IV. – Disposiciones finales ARTICULO 26. – Prohibiciones. Queda prohibido aceptar o recibir para el financiamiento de todo proyecto de ley por iniciativa popular, en forma directa o indirecta: a) contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas populares con una contribución máxima autorizada de quinientos pesos ($ 500) por persona; b) aportes provenientes de entidades autárquicas o descentralizadas, nacionales o provinciales; c) aportes de sociedades anónimas con participación estatal; d) aporte de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipios, o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar; c) aportes de gobiernos extranjeros; d) aportes de entidades extranjeras con o sin fines de lucro; e) contribuciones superiores a cien mil pesos ($ 100.

  1. 000); f) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales;
  2. Artículo 27;
  3. – Órgano de control;
  4. La Justicia Nacional electoral, tiene a su cargo el contralor de la presente ley;

Los promotores tienen responsabilidad personal, y la justicia nacional electoral puede aplicarles las sanciones previstas por el artículo 42 de la ley 23. 298. Artículo 28. – Derógase la ley 24. 747. Artículo 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. FUNDAMENTOS Proyecto Señor presidente: La reforma constitucional de 1994 introdujo en nuestra carta magna el artículo 39 como una nueva forma de democracia semidirecta.

Dicha norma fue tardíamente reglamentada a través de la ley 24. 747, que terminó de definir los porcentuales del padrón electoral, y el procedimiento que los promotores de dichas iniciativas debían seguir.

Ahora bien, lo cierto es que, en los hechos, las exigencias planteadas, el procedimiento diseñado y el confuso texto legislativo de dicha norma legal, desalientan y desalentaron el uso de la iniciativa popular como herramienta válida para que los ciudadanos hagan oír sus propuestas, y puedan ejerzan de manera más activa su rol cívico.

A tal punto, que al día de la fecha casi no se registran antecedentes de proyectos de ley presentados bajo esta modalidad. En contraposición, se advierte en la ciudadanía un interés creciente en participar de la vida democrática, y ello se evidencia en las múltiples iniciativas políticas sociales y legislativas, promovidas a través de las redes sociales de internet y de los medios electrónicos, por cuya vía se convoca a sumar el apoyo a distintas propuestas, como así también a reunirse y movilizarse activamente para expresar sus posiciones.

El texto del proyecto de ley sometido a consideración contiene modificaciones sustanciales al régimen actualmente vigente, y creemos que por medio de ellas podremos alcanzar los objetivos iniciales propuestos en el art. 39 de la Constitución Nacional, al flexibilizar y hacer más simple las exigencias requeridas a los promotores de la iniciativa.

Seguidamente se puntualizan los cambios que el proyecto introduce, en relación al actual régimen de la ley 24747: • Se redujo el porcentaje sobre el padrón exigido (del 1,5% al 0,75%) • Se redujo la cantidad de provincias del que debían provenir los ciudadanos.

(la anterior ley indicaba 6 provincias, el actual proyecto indica 4). • Se delimitó con mayor claridad el texto que explicita en qué casos rigen las excepciones a las exigencias de los puntos anteriores • Se proyectó un sistema de control ex ante de la admisibilidad de la materia habilitada en la propuesta de iniciativa, de modo tal de hacerlo en forma previa al arduo proceso de recolección de adhesiones, que en el actual régimen se debe llevar adelante sin tener la certeza de que dicho requisito se considera cumplido por parte de la autoridad que en definitiva debe dictaminar.

  1. • Se indicó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados como organismo que lleva adelante este control ex ante, por su competencia en la materia de acuerdo al reglamento de la Cámara, y manteniendo el criterio actualmente vigente;

• A los efectos de simplificar los trámites a los promotores de la iniciativa, se suprimió la intervención de la Defensoría del Pueblo a los efectos de controlar el modelo del pliego, quedando ello a cargo de la misma Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

  • • Se estipuló un plazo máximo para que los promotores puedan recolectar las firmas (18 meses);
  • • Se definió que los dictámenes de la Comisión de asuntos constitucionales serán apelables ante la Justicia Nacional electoral, cuando antes no se admitía efecto alguno;

• Se incluyó la posibilidad de que la Justicia nacional electoral habilite otros medios electrónicos para que los ciudadanos expresen su adhesión con la iniciativa. • Se creó en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación una oficina de atención y asesoramiento que promueva y facilite el ejercicio del derecho de la iniciativa popular a los ciudadanos.

  1. • Una vez ingresado el proyecto de iniciativa popular, y habiéndose producido el contralor de la justicia nacional electoral, se diseñó un tratamiento especial y más directo que procura su tratamiento inmediato en el recinto para someterlo a votación del cuerpo;

• Se modificaron los importes de las contribuciones para el financiamiento, ampliando los mismos en razón de que los mismos se encontraban expresados en pesos y se encontraban desactualizados. Por todas estas razones, esperamos el apoyo de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley. Proyecto Giro a comisiones en Diputados

Comisión
ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia)
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO

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¿Que quieran habitar el suelo argentino?

‘todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino’.

¿Qué nos dice el artículo 36?

Artículo 36. La organización y el funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; II.

¿Qué dice el artículo 39 de la Constitución?

Artículo 39. – La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

¿Cuál es el artículo 37?

CONSTITUCION NACIONAL – Art.37 – Mujeres – Gustavo Damián Gonzalez

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA Ley N 24. 430 Ordnase la publicacin del texto oficial de la Constitucin Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los aos 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994). Sancionada: Diciembre 15 de 1994. Promulgada: Enero 3 de 1995.

  1. El Senado y Cmara de Diputados de la Nacin Argentina reunidos en Congreso, etc;
  2. sancionan con fuerza de Ley: ARTICULO 1;
  3. – Ordnase la publicacin del texto oficial de la Constitucin Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los aos 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994) que es el que se transcribe a continuacin: CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA PREMBULO Nos los representantes del pueblo de la Nacin Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y eleccin de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unin nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa comn, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la proteccin de Dios, fuente de toda razn y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitucin, para la Nacin Argentina;

PRIMERA PARTE Captulo Primero Declaraciones, derechos y garantas Artculo 1. – La Nacin Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, segn la establece la presente Constitucin. Artculo 2. – El Gobierno federal sostiene el culto catlico apostlico romano.

  • Artculo 3;
  • – Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la Repblica por una ley especial del Congreso, previa cesin hecha por una o ms legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse;

Artculo 4. – El Gobierno federal provee a los gastos de la Nacin con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importacin y exportacin, del de la venta o locacin de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las dems contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la poblacin imponga el Congreso General, y de los emprstitos y operaciones de crdito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nacin, o para empresas de utilidad nacional.

Artculo 5. – Cada provincia dictar para s una Constitucin bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantas de la Constitucin Nacional; y que asegure su administracin de justicia, su rgimen municipal, y la educacin primaria.

Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Artculo 6. – El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisicin de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedicin, o por invasin de otra provincia.

  1. Artculo 7;
  2. – Los actos pblicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las dems; y el Congreso puede por leyes generales determinar cul ser la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirn;

Artculo 8. – Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al ttulo de ciudadano en las dems. La extradicin de los criminales es de obligacin recproca entre todas las provincias. Artculo 9. – En todo el territorio de la Nacin no habr ms aduanas que las nacionales, en las cuales regirn las tarifas que sancione el Congreso.

Artculo 10. – En el interior de la Repblica es libre de derechos la circulacin de los efectos de produccin o fabricacin nacional, as como la de los gneros y mercancas de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.

Artculo 11. – Los artculos de produccin o fabricacin nacional o extranjera, as como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, sern libres de los derechos llamados de trnsito, sindolo tambin los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningn otro derecho podr imponrseles en adelante, cualquiera que sea su denominacin, por el hecho de transitar el territorio.

Artculo 12. – Los buques destinados de una provincia a otra, no sern obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de trnsito, sin que en ningn caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.

Artculo 13. – Podrn admitirse nuevas provincias en la Nacin; pero no podr erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Artculo 14.

  1. – Todos los habitantes de la Nacin gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines tiles; de profesar libremente su culto; de ensear y aprender;

Artculo 14 bis. – El trabajo en sus diversas formas gozar de la proteccin de las leyes, las que asegurarn al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribucin justa; salario mnimo vital mvil; igual remuneracin por igual tarea; participacin en las ganancias de las empresas, con control de la produccin y colaboracin en la direccin; proteccin contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado pblico; organizacin sindical libre y democrtica, reconocida por la simple inscripcin en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliacin y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarn de las garantas necesarias para el cumplimiento de su gestin sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgar los beneficios de la seguridad social, que tendr carcter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecer: el seguro social obligatorio, que estar a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonoma financiera y econmica, administradas por los interesados con participacin del Estado, sin que pueda existir superposicin de aportes; jubilaciones y pensiones mviles; la proteccin integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensacin econmica familiar y el acceso a una vivienda digna.

  1. Artculo 15;
  2. – En la Nacin Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitucin; y una ley especial reglar las indemnizaciones a que d lugar esta declaracin;

Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que sern responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la Repblica.

  • Artculo 16;
  • – La Nacin Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni ttulos de nobleza;
  • Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condicin que la idoneidad;

La igualdad es la base del impuesto y de las cargas pblicas. Artculo 17. – La propiedad es inviolable, y ningn habitante de la Nacin puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiacin por causa de utilidad pblica, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

  1. Slo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artculo 4;
  2. Ningn servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley;
  3. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el trmino que le acuerde la ley;

La confiscacin de bienes queda borrada para siempre del Cdigo Penal argentino. Ningn cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. Artculo 18. – Ningn habitante de la Nacin puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

Nadie puede ser obligado a declarar contra s mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como tambin la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinar en qu casos y con qu justificativos podr procederse a su allanamiento y ocupacin.

Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas polticas, toda especie de tormento y los azotes. Las crceles de la Nacin sern sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaucin conduzca a mortificarlos ms all de lo que aqulla exija, har responsable al juez que la autorice.

Artculo 19. – Las acciones privadas de los hombres que de ningn modo ofendan al orden y a la moral pblica, ni perjudiquen a un tercero, estn slo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

Ningn habitante de la Nacin ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohbe. Artculo 20. – Los extranjeros gozan en el territorio de la Nacin de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesin; poseer bienes races, comprarlos y enajenarlos; navegar los ros y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes.

No estn obligados a admitir la ciudadana, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalizacin residiendo dos aos continuos en la Nacin; pero la autoridad puede acortar este trmino a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la Repblica.

Artculo 21. – Todo ciudadano argentino est obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitucin, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalizacin son libres de prestar o no este servicio por el trmino de diez aos contados desde el da en que obtengan su carta de ciudadana.

Artculo 22. – El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitucin. Toda fuerza armada o reunin de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de ste, comete delito de sedicin.

Artculo 23. – En caso de conmocin interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitucin y de las autoridades creadas por ella, se declarar en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbacin del orden, quedando suspensas all las garantas constitucionales.

  • Pero durante esta suspensin no podr el presidente de la Repblica condenar por s ni aplicar penas;
  • Su poder se limitar en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nacin, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino;

Artculo 24. – El Congreso promover la reforma de la actual legislacin en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados. Artculo 25. – El Gobierno federal fomentar la inmigracin europea; y no podr restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y ensear las ciencias y las artes.

  • Artculo 26;
  • – La navegacin de los ros interiores de la Nacin es libre para todas las banderas, con sujecin nicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional;
  • Artculo 27;
  • – El Gobierno federal est obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estn en conformidad con los principios de derecho pblico establecidos en esta Constitucin;

Artculo 28. – Los principios, garantas y derechos reconocidos en los anteriores artculos, no podrn ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Artculo 29. – El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias , ni la suma del poder pblico , ni otorgarles sumisiones o supremacas por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.

  • Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarn a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria;
  • Artculo 30;
  • – La Constitucin puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes;

La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuar sino por una Convencin convocada al efecto. Artculo 31. – Esta Constitucin, las leyes de la Nacin que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nacin; y las autoridades de cada provincia estn obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposicin en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados despus del Pacto de 11 de noviembre de 1859.

  • Artculo 32;
  • – El Congreso federal no dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdiccin federal;
  • Artculo 33;
  • – Las declaraciones, derechos y garantas que enumera la Constitucin no sern entendidos como negacin de otros derechos y garantas no enumerados; pero que nacen del principio de la soberana del pueblo y de la forma republicana de gobierno;

Artculo 34. – Los jueces de las cortes federales no podrn serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar da residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendindose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentren.

  1. Artculo 35;
  2. – Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Ro de la Plata, Repblica Argentina, Confederacin Argentina, sern en adelante nombres oficiales indistintamente para la designacin del Gobierno y territorio de las provincias, emplendose las palabras “Nacin Argentina” en la formacin y sancin de las leyes;

CAPTULO SEGUNDO Nuevos derechos y garantas Artculo 36. – Esta Constitucin mantendr su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrtico. Estos actos sern insanablemente nulos. Sus autores sern pasibles de la sancin prevista en el Artculo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos pblicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutacin de penas.

  • Tendrn las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitucin o las de las provincias, los que respondern civil y penalmente de sus actos;

Las acciones respectivas sern imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artculo. Atentar asimismo contra el sistema democrtico quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos pblicos.

El Congreso sancionar una ley sobre tica pblica para el ejercicio de la funcin. Artculo 37. – Esta Constitucin garantiza el pleno ejercicio de los derechos polticos, con arreglo al principio de la soberana popular y de las leyes que se dicten en consecuencia.

El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizar por acciones positivas en la regulacin de los partidos polticos y en el rgimen electoral.

Artculo 38. – Los partidos polticos son instituciones fundamentales del sistema democrtico. Su creacin y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitucin, la que garantiza su organizacin y funcionamiento democrticos, la representacin de las minoras, la competencia para la postulacin de candidatos a cargos pblicos electivos, el acceso a la informacin pblica y la difusin de sus ideas.

El Estado contribuye al sostenimiento econmico de sus actividades y de la capacitacin de sus dirigentes. Los partidos polticos debern dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Artculo 39. – Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cmara de Diputados.

El Congreso deber darles expreso tratamiento dentro del trmino de doce meses. El Congreso, con el voto de la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara, sancionar una ley reglamentaria que no podr exigir ms del tres por ciento del padrn electoral nacional, dentro del cual deber contemplar una adecuada distribucin territorial para suscribir la iniciativa.

No sern objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Artculo 40. – El Congreso, a iniciativa de la Cmara de Diputados, podr someter a consulta popular un proyecto de ley.

La ley de convocatoria no podr ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nacin lo convertir en ley y su promulgacin ser automtica. El Congreso o el presidente de la Nacin, dentro de sus respectivas competencias, podrn convocar a consulta popular no vinculante.

En este caso el voto no ser obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara, reglamentar las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. Artculo 41. – Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El dao ambiental generar prioritariamente la obligacin de recomponer, segn lo establezca la ley. Las autoridades proveern a la proteccin de este derecho, a la utilizacin racional de los recursos naturales, a la preservacin del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biolgica, y a la informacin y educacin ambientales.

Corresponde a la Nacin dictar las normas que contengan los presupuestos mnimos de proteccin, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aqullas alteren las jurisdicciones locales. Se prohbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Artculo 42. – Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relacin de consumo, a la proteccin de su salud, seguridad e intereses econmicos; a una informacin adecuada y veraz; a la libertad de eleccin, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveern a la proteccin de esos derechos, a la educacin para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios pblicos, y a la constitucin de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislacin establecer procedimientos eficaces para la prevencin y solucin de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios pblicos de competencia nacional, previendo la necesaria participacin de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Artculo 43. – Toda persona puede interponer accin expedita y rpida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial ms idneo, contra todo acto u omisin de autoridades pblicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantas reconocidos por esta Constitucin, un tratado o una ley.

En el caso, el juez podr declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisin lesiva. Podrn interponer esta accin contra cualquier forma de discriminacin y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, as como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinar los requisitos y formas de su organizacin.

Toda persona podr interponer esta accin para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos pblicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminacin, para exigir la supresin, rectificacin, confidencialidad o actualizacin de aqullos.

No podr afectarse el secreto de las fuentes de informacin periodstica. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad fsica, o en caso de agravamiento ilegtimo en la forma o condiciones de detencin, o en el de desaparicin forzada de personas, la accin de hbeas corpus podr ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolver de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

SEGUNDA PARTE AUTORIDADES DE LA NACION TITULO PRIMERO GOBIERNO FEDERAL SECCION PRIMERA DEL PODER LEGISLATIVO Artculo 44. – Un Congreso compuesto de dos Cmaras, una de Diputados de la Nacin y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, ser investido del Poder Legislativo de la Nacin.

CAPTULO PRIMERO De la Cmara de Diputados Artculo 45. – La Cmara de Diputados se compondr de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios.

El nmero de representantes ser de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fraccin que no baje de diecisis mil quinientos. Despus de la realizacin de cada censo, el Congreso fijar la representacin con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

Artculo 46. – Los diputados para la primera Legislatura se nombrarn en la proporcin siguiente: por la provincia de Buenos Aires doce: por la de Crdoba seis: por la de Catamarca tres: por la de Corrientes cuatro: por la de Entre Ros dos: por la de Jujuy dos: por la de Mendoza tres: por la de La Rioja dos: por la de Salta tres: por la de Santiago cuatro: por la de San Juan dos: por la de Santa Fe dos: por la de San Luis dos: y por la de Tucumn tres.

Artculo 47. – Para la segunda Legislatura deber realizarse el censo general, y arreglarse a l el nmero de diputados; pero este censo slo podr renovarse cada diez aos. Artculo 48. – Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco aos, tener cuatro aos de ciudadana en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos aos de residencia inmediata en ella.

Artculo 49. – Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarn los medios de hacer efectiva la eleccin directa de los diputados de la Nacin: para lo sucesivo el Congreso expedir una ley general. Artculo 50.

– Los diputados durarn en su representacin por cuatro aos, y son reelegibles; pero la Sala se renovar por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se renan, sortearn los que deban salir en el primer perodo.

Artculo 51. – En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital, hace proceder a eleccin legal de un nuevo miembro. Artculo 52. – A la Cmara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

Artculo 53. – Slo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeo o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crmenes comunes, despus de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formacin de causa por la mayora de dos terceras partes de sus miembros presentes.

CAPTULO SEGUNDO Del Senado Artculo 54. – El Senado se compondr de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido poltico que obtenga el mayor nmero de votos, y la restante al partido poltico que le siga en nmero de votos.

Cada senador tendr un voto. Artculo 55. – Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta aos, haber sido seis aos ciudadano de la Nacin, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos aos de residencia inmediata en ella.

Artculo 56. – Los senadores duran seis aos en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovar a razn de una tercera parte de los distritos electorales cada dos aos.

Artculo 57. – El vicepresidente de la Nacin ser presidente del Senado; pero no tendr voto sino en el caso que haya empate en la votacin. Artculo 58. – El Senado nombrar un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando ste ejerce las funciones de presidente de la Nacin.

Artculo 59. – Al Senado corresponde juzgar en juicio pblico a los acusados por la Cmara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nacin, el Senado ser presidido por el presidente de la Corte Suprema.

Ninguno ser declarado culpable sino a mayora de los dos tercios de los miembros presentes. Artculo 60. – Su fallo no tendr ms efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningn empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nacin. Pero la parte condenada quedar, no obstante, sujeta a acusacin, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Artculo 61. – Corresponde tambin al Senado autorizar al presidente de la Nacin para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la Repblica en caso de ataque exterior. Artculo 62. – Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la eleccin de un nuevo miembro.

CAPITULO TERCERO Disposiciones comunes a ambas Cmaras Artculo 63. – Ambas Cmaras se reunirn por s mismas en sesiones ordinarias todos los aos desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden tambin ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nacin o prorrogadas sus sesiones.

  • Artculo 64;
  • – Cada Cmara es juez de las elecciones, derechos y ttulos de sus miembros en cuanto a su validez;
  • Ninguna de ellas entrar en sesin sin la mayora absoluta de sus miembros; pero un nmero menor podr compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los trminos y bajo las penas que cada Cmara establecer;

Artculo 65. – Ambas Cmaras empiezan y concluyen sus sesiones simultneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podr suspender sus sesiones ms de tres das, sin el consentimiento de la otra. Artculo 66. – Cada Cmara har su reglamento y podr con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad fsica o moral sobreviniente a su incorporacin, y hasta excluirle de su seno; pero bastar la mayora de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

  1. Artculo 67;
  2. – Los senadores y diputados prestarn, en el acto de su incorporacin, juramento de desempear debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitucin;
  3. Artculo 68;

– Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeando su mandato de legislador. Artculo 69. – Ningn senador o diputado, desde el da de su eleccin hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecucin de algn crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dar cuenta a la Cmara respectiva con la informacin sumaria del hecho.

Artculo 70. – Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mrito del sumario en juicio pblico, podr cada Cmara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposicin del juez competente para su juzgamiento.

Artculo 71. – Cada una de las Cmaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. Artculo 72. – Ningn miembro del Congreso podr recibir empleo o comisin del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cmara respectiva, excepto los empleos de escala.

Artculo 73. – Los eclesisticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando. Artculo 74. – Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nacin, con una dotacin que sealar la ley.

CAPITULO CUARTO Atribuciones del Congreso Artculo 75. – Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importacin y exportacin, los cuales, as como las avaluaciones sobre las que recaigan, sern uniformes en toda la Nacin.

  1. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias;
  2. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nacin, siempre que la defensa, seguridad comn y bien general del Estado lo exijan;

Las contribuciones previstas en este inciso, con excepcin de la parte o el total de las que tengan asignacin especfica, son coparticipables. Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nacin y las provincias, instituir regmenes de coparticipacin de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisin de los fondos.

La distribucin entre la Nacin, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre stas, se efectuar en relacin directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; ser equitativa, solidaria y dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

La ley convenio tendr como Cmara de origen el Senado y deber ser sancionada con la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara, no podr ser modificada unilateralmente ni reglamentada y ser aprobada por las provincias. No habr transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignacin de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendr a su cargo el control y fiscalizacin de la ejecucin de lo establecido en este inciso, segn lo determina la ley, la que deber asegurar la representacin de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composicin.

Establecer y modificar asignaciones especficas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara. Contraer emprstitos sobre el crdito de la Nacin. Disponer del uso y de la enajenacin de las tierras de propiedad nacional.

  • Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, as como otros bancos nacionales;
  • Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nacin;
  • Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer prrafo del inc;

2 de este artculo, el presupuesto general de gastos y clculo de recursos de la administracin nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones pblicas y aprobar o desechar la cuenta de inversin. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, segn sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.

10. Reglamentar la libre navegacin de los ros interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas. 11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nacin.

12. Dictar los Cdigos Civil, Comercial, Penal, de Minera, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados , sin que tales cdigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicacin a los tribunales federales o provinciales, segn que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nacin sobre naturalizacin y nacionalidad, con sujecin al principio de nacionalidad natural y por opcin en beneficio de la argentina: as como sobre bancarrotas, sobre falsificacin de la moneda corriente y documentos pblicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

  • 13;
  • Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre s;
  • 14;
  • Arreglar y establecer los correos generales de la Nacin;
  • 15;
  • Arreglar definitivamente los lmites del territorio de la Nacin, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislacin especial la organizacin, administracin y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los lmites que se asignen a las provincias;

16. Proveer a la seguridad de las fronteras. 17. Reconocer la preexistencia tnica y cultural de los pueblos indgenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educacin bilinge e intercultural; reconocer la personera Jurdica de sus comunidades, y la posesin y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas ser enajenable, transmisible ni susceptible de gravmenes o embargos.

Asegurar su participacin en la gestin referida a sus recursos naturales y a los dems intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del pas, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustracin, dictando planes de instruccin general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigracin, la construccin de ferrocarriles y canales navegables, la colonizacin de tierras de propiedad nacional, la introduccin y establecimiento de nuevas industrias, la importacin de capitales extranjeros y la exploracin de los ros interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estmulo.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econmico con justicia social, a la productividad de la economa nacional, a la generacin de empleo, a la formacin profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigacin y al desarrollo cientfico y tecnolgico, su difusin y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armnico de la Nacin y al poblamiento de su territorio; promover polticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado ser Cmara de origen.

Sancionar leyes de organizacin y de base de la educacin que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participacin de la familia y la sociedad, la promocin de los valores democrticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminacin alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educacin pblica estatal y la autonoma y autarqua de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creacin y circulacin de las obras del autor; el patrimonio artstico y los espacios culturales y audiovisuales. 20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistas generales.

21. Admitir o desechar los motivos de dimisin del presidente o vicepresidente de la Repblica; y declarar el caso de proceder a nueva eleccin. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las dems naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.

Los tratados y concordatos tienen jerarqua superior a las leyes. La Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaracin Universal de Derechos Humanos; la Convencin Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y su Protocolo Facultativo; la Convencin sobre la Prevencin y la Sancin del Delito de Genocidio; la Convencin Internacional sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin Racial; la Convencin sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer; la Convencin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convencin sobre los Derechos del Nio; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarqua constitucional, no derogan artculo alguno de la primera parte de esta Constitucin y deben entenderse complementarios de los derechos y garantas por ella reconocidos.

Slo podrn ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobacin de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cmara. Los dems tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirn del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cmara para gozar de la jerarqua constitucional.

23. Legislar y promover medidas de accin positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitucin y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los nios, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un rgimen de seguridad social especial e integral en proteccin del nio en situacin de desamparo, desde el embarazo hasta la finalizacin del perodo de enseanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. 24. Aprobar tratados de integracin que deleguen competencias y jurisdiccin a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrtico y los derechos humanos.

Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarqua superior a las leyes. La aprobacin de estos tratados con Estados de Latinoamrica requerir la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara.

En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nacin, con la mayora absoluta de los miembros presentes de cada Cmara, declarar la conveniencia de la aprobacin del tratado y slo podr ser aprobado con el voto de la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara, despus de ciento veinte das del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigir la previa aprobacin de la mayora absoluta de la totalidad da los miembros de cada Cmara. 25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.

26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas. 27. Fijar las fuerzas a rmadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organizacin y gobierno. 28. Permitir la introduccin de tropas extranjeras en el territorio de la Nacin, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de l.

29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nacin en caso de conmocin interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo. 30. Ejercer una legislacin exclusiva en el territorio de la capital de la Nacin y dictar la legislacin necesaria para el cumplimiento de los fines especficos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la Repblica.

Las autoridades provinciales y municipales conservarn los poderes de polica e imposicin sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. 31. Disponer la intervencin federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.

  1. Aprobar o revocar la intervencin decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo;
  2. 32;
  3. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitucin al Gobierno de la Nacin Argentina;

Artculo 76. – Se prohbe la delegacin legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administracin o de emergencia pblica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegacin que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el prrafo anterior no importar revisin de las relaciones jurdicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegacin legislativa.

CAPTULO QUINTO De la formacin y sancin de las leyes Artculo 77. – Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cmaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitucin.

Los proyectos de ley que modifiquen el rgimen electoral y de partidos polticos debern ser aprobados por mayora absoluta del total de los miembros de las Cmaras. Artculo 78. – Aprobado un proyecto de ley por la Cmara de su origen, pasa para su discusin a la otra Cmara.

Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nacin para su examen; y si tambin obtiene su aprobacin, lo promulga como ley. Artculo 79. – Cada Cmara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobacin en particular del proyecto, con el voto de la mayora absoluta del total de sus miembros.

La Cmara podr, con igual nmero de votos, dejar sin efecto la delegacin y retomar el trmite ordinario. La aprobacin en comisin requerir el voto de la mayora absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisin, se seguir el trmite ordinario.

Artculo 80. – Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el trmino de diez das tiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrn ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrn ser promulgadas si tienen autonoma normativa y su aprobacin parcial no altera el espritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.

En este caso ser de aplicacin el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Artculo 81. – Ningn proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cmaras podr repetirse en las sesiones de aquel ao. Ninguna de las Cmaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cmara revisora.

Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cmara revisora, deber indicarse el resultado de la votacin a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayora absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes.

La Cmara de origen podr por mayora absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redaccin originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes.

  • En este ltimo caso, el proyecto pasar al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cmara revisora, salvo que la Cmara de origen insista en su redaccin originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes;

La Cmara de origen no podr introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cmara revisora. Artculo 82. – La voluntad de cada Cmara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sancin tcita o ficta. Artculo 83. – Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cmara de su origen: sta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayora de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cmara de revisin.

  1. Si ambas Cmaras lo sancionan por igual mayora, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgacin;
  2. Las votaciones de ambas Cmaras sern en este caso nominales, por si o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarn inmediatamente por la prensa;

Si las Cmaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podr repetirse en las sesiones de aquel ao. Artculo 84. – En la sancin de las leyes se usar de esta frmula: El Senado y Cmara de Diputados de la Nacin Argentina, reunidos en Congreso,. decretan o sancionan con fuerza de ley.

CAPITULO SEXTO De la Auditora General de la Nacin Artculo 85. – El control externo del sector pblico nacional en sus aspectos patrimoniales, econmicos, financieros y operativos, ser una atribucin propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinin del Poder Legislativo sobre el desempeo y situacin general de la administracin pblica estarn sustentados en los dictmenes de la Auditora General de la Nacin. Este organismo de asistencia tcnica del Congreso, con autonoma funcional, se integrar del modo que establezca la ley que reglamenta su creacin y funcionamiento, que deber ser aprobada por mayora absoluta de los miembros de cada Cmara.

  1. El presidente del organismo ser designado a propuesta del partido poltico de oposicin con mayor nmero de legisladores en el Congreso;
  2. Tendr a su cargo el control de legalidad, gestin y auditora de toda la actividad de la administracin pblica centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organizacin, y las dems funciones que la ley le otorgue;

Intervendr necesariamente en el trmite de aprobacin o rechazo de las cuentas de percepcin e inversin de los fondos pblicos. CAPTULO SEPTIMO Del Defensor del Pueblo Artculo 86. – El Defensor del Pueblo es un rgano independiente instituido en el mbito del Congreso de la Nacin, que actuar con plena autonoma funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Su misin es la defensa y proteccin de los derechos humanos y dems derechos, garantas e intereses tutelados en esta Constitucin y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administracin; y el control del ejercicio de las funciones administrativas pblicas.

El Defensor del Pueblo tiene legitimacin procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cmaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durar en su cargo cinco aos, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

La organizacin y el funcionamiento de esta institucin sern regulados por una ley especial. SECCIN SEGUNDA DEL PODER EJECUTIVO CAPTULO PRIMERO De su naturaleza y duracin Artculo 87. – El Poder Ejecutivo de la Nacin ser desempeado por un ciudadano con el ttulo de “Presidente de la Nacin Argentina”.

Artculo 88. – En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitucin del Presidente, el Poder Ejecutivo ser ejercido por el vicepresidente de la Nacin. En caso de destitucin, muerte, dimisin o inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nacin, el Congreso determinar qu funcionario pblico ha de desempear la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.

Artculo 89. – Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nacin, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en pas extranjero; y las dems calidades exigidas para ser elegido senador.

Artculo 90. – El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el trmino de cuatro aos y podrn ser reelegidos o sucederse recprocamente por un solo perodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un perodo.

Artculo 91. – El Presidente de la Nacin cesa en el poder el mismo da en que expira su perodo de cuatro aos; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete ms tarde.

Artculo 92. – El Presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nacin, que no podr ser alterado en el perodo de sus nombramientos. Durante el mismo perodo no podrn ejercer otro empleo, ni recibir ningn otro emolumento de la Nacin, ni de provincia alguna.

Artculo 93. – Al tomar posesin de su cargo el presidente y vicepresidente prestarn juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de “desempear con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nacin y observar y hacer observar fielmente la Constitucin de la Nacin Argentina”.

CAPTULO SEGUNDO De la forma y tiempo de la eleccin del Presidente y vicepresidente de la Nacin Artculo 94. – El Presidente y el vicepresidente de la Nacin sern elegidos directamente por el Pueblo, en doble vuelta, segn lo establece esta Constitucin. A este fin el territorio nacional conformar un distrito nico.

Artculo 95. – La eleccin se efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusin del mandato del Presidente en ejercicio. Artculo 96. – La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizar entre las dos frmulas de candidatos ms votadas, dentro de los treinta das de celebrada la anterior.

Artculo 97. – Cuando la frmula que resultare ms votada en la primera vuelta, hubiere obtenido ms del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos vlidamente emitidos, sus integrantes sern proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nacin.

  • Artculo 98;
  • – Cuando la frmula que resultare ms votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos vlidamente emitidos y, adems, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos vlidamente emitidos sobre la frmula que le sigue en nmero de votos, sus integrantes sern proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nacin;

CAPTULO TERCERO Atribuciones del Poder Ejecutivo Artculo 99. – El Presidente de la Nacin tiene las siguientes atribuciones: 1. Es el jefe supremo de la Nacin, jefe del gobierno y responsable poltico de la administracin general del pas. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecucin de las leyes de la Nacin, cuidando de no alterar su espritu con excepciones reglamentarias.

Participa de la formacin de las leyes con arreglo a la Constitucin, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podr en ningn caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carcter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trmites ordinarios previstos por esta Constitucin para la sancin de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de rgimen de los partidos polticos, podr dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que sern decididos en acuerdo general de ministros que debern refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez das someter la medida a consideracin de la Comisin Bicameral Permanente, cuya composicin deber respetar la proporcin de las representaciones polticas de cada Cmara.

Esta comisin elevar su despacho en un plazo de diez das al plenario de cada Cmara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarn las Cmaras. Una ley especial sancionada con la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara regular el trmite y los alcances de la intervencin del Congreso.

Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesin pblica, convocada al efecto. Nombra los dems jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesin pblica, en la que se tendr en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, ser necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco aos. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harn por cinco aos, y podrn ser repetidos indefinidamente, por el mismo trmite.

Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdiccin federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusacin por la Cmara de Diputados. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nacin.

Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por s solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los dems ministros del despacho, los oficiales de su secretara, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no est reglado de otra forma por esta Constitucin.

Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cmaras, dando cuenta en esta ocasin del estado de la Nacin, de las reformas prometidas por la Constitucin, y recomendando a su consideracin las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave inters de orden o de progreso lo requiera. 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudacin de las rentas da la Nacin y de su inversin, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.

11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cnsules.

12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nacin. 13. Provee los empleos militares de la Nacin: con acuerdo del Senado, en la concesin de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por s solo en el campo de batalla.

14. Dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organizacin y distribucin segn las necesidades de la Nacin. 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorizacin y aprobacin del Congreso. 16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nacin, en caso de ataque exterior y por un trmino limitado, con acuerdo del Senado.

En caso de conmocin interior slo tiene esta facultad cuando el Congreso est en receso, porque es atribucin que corresponde a este cuerpo. El Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el Artculo 23. 17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administracin, y por su conducto a los dems empleados, los informes que crea convenientes, y ellos estn obligados a darlos.

18. Puede ausentarse del territorio de la Nacin, con permiso del Congreso. En el receso de ste, slo podr hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio pblico. 19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisin que expirarn al fin de la prxima Legislatura.

20. Decreta la intervencin federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultneamente para su tratamiento. CAPTULO CUARTO Del jefe de gabinete y dems ministros del Poder Ejecutivo Artculo 100. – El jefe de gabinete de ministros y los dems ministros secretarios cuyo nmero y competencia ser establecida por una ley especial, tendrn a su cargo el despacho de los negocios de la Nacin, y refrendarn y legalizarn los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.

  • Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad poltica ante el Congreso de la Nacin, le corresponde: 1;
  • Ejercer la administracin general del pas;
  • Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artculo y aquellas que le delegue el presidente de la Nacin, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera;

Efectuar los nombramientos de los empleados de la administracin, excepto los que correspondan al presidente. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nacin y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisin, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el mbito de su competencia.

Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidindolas en caso de ausencia del presidente. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobacin del Poder Ejecutivo.

Hacer recaudar las rentas de la Nacin y ejecutar la ley de presupuesto nacional. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prrroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.

  • Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar;
  • 10;
  • Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nacin en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos;

11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cmaras solicite al Poder Ejecutivo. 12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarn sujetos al control de la Comisin Bicameral Permanente.

13. Refrendar conjuntamente con los dems ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someter personalmente y dentro de los diez das de su sancin estos decretos a consideracin de la Comisin Bicameral Permanente.

El jefe de gabinete de ministros no podr desempear simultneamente otro ministerio. Artculo 101. – El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cmaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artculo 71.

Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una mocin de censura, por el voto de la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cmaras, y ser removido por el voto de la mayora absoluta de los miembros de cada una de las Cmaras.

Artculo 102. – Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas. Artculo 103. – Los ministros no pueden por s solos, en ningn caso, tomar resoluciones, a excepcin de lo concerniente al rgimen econmico y administrativo de sus respectivos departamentos.

Artculo 104. – Luego que el Congreso abra sus sesiones, debern los ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nacin en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.

Artculo 105. – No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisin de sus empleos de ministros. Artculo 106. – Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar. Artculo 107. – Gozarn por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podr ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

SECCIN TERCERA DEL PODER JUDICIAL CAPTULO PRIMERO De su naturaleza y duracin Artculo 108. – El Poder Judicial de la Nacin ser ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los dems tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nacin.

Artculo 109. – En ningn caso el presidente de la Nacin puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Artculo 110. – Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nacin conservarn sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirn por sus servicios una compensacin que determinar la ley, y que no podr ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.

Artculo 111. – Ninguno podr ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de la Nacin con ocho aos de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador. Artculo 112. – En la primera instalacin de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarn juramento en manos del Presidente de la Nacin, de desempear sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitucin.

En lo sucesivo lo prestarn ante el presidente de la misma Corte. Artculo 113. – La Corte Suprema dictar su reglamento interior y nombrar a sus empleados. Artculo 114. – El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayora absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cmara, tendr a su cargo la seleccin de los magistrados y la administracin del Poder Judicial.

El Consejo ser integrado peridicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representacin de los rganos polticos resultantes de la eleccin popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrcula federal.

Ser integrado, asimismo, por otras personas del mbito acadmico y cientfico, en el nmero y la forma que indique la ley. Sern sus atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos pblicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.

Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administracin de justicia. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. Decidir la apertura del procedimiento de remocin de magistrados, en su caso ordenar la suspensin, y formular la acusacin correspondiente.

Dictar los reglamentos relacionados con la organizacin judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestacin de los servicios de justicia. Artculo 115. – Los jueces de los tribunales inferiores de la Nacin sern removidos por las causales expresadas en el Artculo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrcula federal.

  • Su fallo, que ser irrecurrible, no tendr ms efecto que destituir al acusado;
  • Pero la parte condenada quedar no obstante sujeta a acusacin, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios;

Corresponder archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta das contados desde la decisin de abrir el procedimiento de remocin, sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a que se refiere el Artculo 114, se determinar la integracin y procedimiento de este jurado.

CAPTULO SEGUNDO Atribuciones del Poder Judicial Artculo 116. – Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nacin, el conocimiento y decisin de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucin, y por las leyes de la Nacin, con la reserva hecha en el inc.

12 del Artculo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros pblicos y cnsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdiccin martima: de los asuntos en que la Nacin sea parte: de las causas que se susciten entre dos o ms provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

Artculo 117. – En estos casos la Corte Suprema ejercer su jurisdiccin por apelacin segn las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cnsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercer originaria y exclusivamente.

Artculo 118. – Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusacin concedido a la Cmara de Diputados se terminarn por jurados, luego que se establezca en la Repblica esta institucin. La actuacin de estos juicios se har en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando ste se cometa fuera de los lmites de la Nacin, contra el derecho de gentes, el Congreso determinar por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.

  • Artculo 119;
  • – La traicin contra la Nacin consistir nicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestndoles ayuda y socorro;
  • El Congreso fijar por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasar de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitir a sus parientes de cualquier grado;

SECCIN CUARTA Del ministerio pblico Artculo 120. – El Ministerio Pblico es un rgano independiente con autonoma funcional y autarqua financiera que tiene por funcin promover la actuacin de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinacin con las dems autoridades de la Repblica.

Est integrado por un procurador general de la Nacin y un defensor general de la Nacin y los dems miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.

TITULO SEGUNDO GOBIERNOS DE PROVINCIA Artculo 121. – Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitucin al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporacin. Artculo 122. – Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.

  • Eligen sus gobernadores, sus legisladores y dems funcionarios de provincia, sin intervencin del Gobierno federal;
  • Artculo 123;
  • – Cada provincia dicta su propia constitucin, conforme a lo dispuesto por el Artculo 5 asegurando la autonoma municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, poltico, administrativo, econmico y financiero;

Artculo 124. – Las provincias podrn crear regiones para el desarrollo econmico y social y establecer rganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrn tambin celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la poltica exterior de la Nacin y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crdito pblico de la Nacin; con conocimiento del Congreso Nacional.

La ciudad de Buenos Aires tendr el rgimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Artculo 125. – Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administracin de justicia, de intereses econmicos y trabajos de utilidad comn, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigracin, la construccin de ferrocarriles y canales navegables, la colonizacin de tierras de propiedad provincial, la introduccin y establecimiento de nuevas industrias, la importacin de capitales extranjeros y la exploracin de sus ros, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios.

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados pblicos y los profesionales; y promover el progreso econmico, el desarrollo humano, la generacin de empleo, la educacin, la ciencia, el conocimiento y la cultura.

Artculo 126. – Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nacin. No pueden celebrar tratados parciales de carcter poltico; ni expedir leyes sobre comercio, o navegacin interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorizacin del Congreso Federal; ni dictar los Cdigos Civil, Comercial, Penal y de Minera, despus que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadana y naturalizacin, bancarrotas, falsificacin de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejrcitos, salvo el caso de invasin exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilacin dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.

Artculo 127. – Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedicin o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.

  1. Artculo 128;
  2. – Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitucin y las leyes de la Nacin;
  3. Artculo 129;
  4. – La ciudad de Buenos Aires tendr un rgimen de Gobierno autnomo con facultades propias de legislacin y jurisdiccin, y su jefe de gobierno ser elegido directamente por el pueblo de la ciudad;

Una ley garantizar los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nacin. En el marco de lo dispuesto en este artculo, el Congreso de la Nacin convocar a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. La Nacin Argentina ratifica su legtima e imprescriptible soberana sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios martimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperacin de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberana, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Segunda.

Las acciones positivas a que alude el Artculo 37 en su ltimo prrafo no podrn ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitucin y durarn lo que la ley determine. (Corresponde al Artculo 37) Tercera.

La ley que reglamente el ejercicio de la iniciativa popular deber ser aprobada dentro de los dieciocho meses de esta sancin. (Corresponde al Artculo 39) Cuarta. Los actuales integrantes del Senado de la Nacin desempearn su cargo hasta la extincin del mandato correspondiente a cada uno.

En ocasin de renovarse un tercio del Senado en mil novecientos noventa y cinco, por finalizacin de los mandatos de todos los senadores elegidos en mil novecientos ochenta y seis, ser designado adems un tercer senador por distrito por cada Legislatura.

El conjunto de los senadores por cada distrito se integrar, en lo posible, de modo que correspondan dos bancas al partido poltico o alianza electoral que tenga el mayor nmero de miembros en la legislatura, y la restante al partido poltico o alianza electoral que le siga en nmero de miembros de ella.

  • En caso de empate, se har prevalecer al partido poltico o alianza electoral que hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios en la eleccin legislativa provincial inmediata anterior;
  • La eleccin de los senadores que reemplacen a aquellos cuyos mandatos vencen en mil novecientos noventa y ocho, as como la eleccin de quien reemplace a cualquiera de los actuales senadores en caso de aplicacin del Artculo 62, se har por estas mismas reglas de designacin;

Empero, el partido poltico o alianza electoral que tenga el mayor nmero de miembros en la Legislatura al tiempo de la eleccin del senador, tendr derecho a que sea elegido su candidato, con la sola limitacin de que no resulten los tres senadores de un mismo partido poltico o alianza electoral.

Estas reglas sern tambin aplicables a la eleccin de los senadores por la ciudad de Buenos Aires, en mil novecientos noventa y cinco por el cuerpo electoral, y en mil novecientos noventa y ocho, por el rgano legislativo de la ciudad.

La eleccin de todos los senadores a que se refiere esta clusula se llevar a cabo con una anticipacin no menor de sesenta ni mayor de noventa das al momento en que el senador deba asumir su funcin. En todos los casos, los candidatos a senadores sern propuestos por los partidos polticos o alianzas electorales.

El cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias para ser proclamado candidato ser certificado por la Justicia Electoral Nacional y comunicado a la Legislatura. Toda vez que se elija un senador nacional se designar un suplente, quien asumir en los casos del Artculo 62.

Los mandatos de los senadores elegidos por aplicacin de esta clusula transitoria durarn hasta el nueve de diciembre del dos mil uno. (Corresponde al Artculo 54) Quinta. Todos los integrantes del Senado sern elegidos en la forma indicada en el Artculo 54 dentro de los dos meses anteriores al diez de diciembre del dos mil uno, decidindose por la suerte, luego que todos se renan, quienes deban salir en el primero y segundo bienio.

  1. (Corresponde al Artculo 56) Sexta;
  2. Un rgimen de coparticipacin conforme lo dispuesto en el inc;
  3. 2 del Artculo 75 y la reglamentacin del organismo fiscal federal, sern establecidos antes de la finalizacin del ao 1996; la distribucin de competencias, servicios y funciones vigentes a la sancin de esta reforma, no podr modificarse sin la aprobacin de la provincia interesada; tampoco podr modificarse en desmedro de las provincias la distribucin de recursos vigente a la sancin de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado rgimen de coparticipacin;

La presente clusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trmite originados por diferencias por distribucin de competencias, servicios, funciones o recursos entre la Nacin y las provincias. (Corresponde al Artculo 75 inc. 2). Sptima. El Congreso ejercer en la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la Nacin las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al Artculo 129.

(Corresponde al Artculo 75 inc. 30). Octava. La legislacin delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducar a los cinco aos de la vigencia de esta disposicin excepto aquella que el Congreso de la Nacin ratifique expresamente por una nueva ley.

(Corresponde al Artculo 76). Novena. El mandato del presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma deber ser considerado como primer perodo. (Corresponde al Artculo 90) Dcima. El mandato del Presidente de la Nacin que asuma su cargo el 8 de julio de 1995 se extinguir el 10 de diciembre de 1999.

(Corresponde al Artculo 90) Undcimo. La caducidad de los nombramientos y la duracin limitada previstas en el Artculo 99 inc. 4 entrarn en vigencia a los cinco aos de la sancin de esta reforma constitucional.

(Corresponde al Artculo 99 inc. 4) Duodcima. Las prescripciones establecidas en los arts. 100 y 101 del captulo cuarto de la seccin segunda de la segunda parte de esta Constitucin referidas al jefe de gabinete de ministros, entrarn en vigencia el 8 de julio de 1995.

  • El jefe de gabinete de ministros ser designado por primera vez el 8 de julio de 1995 hasta esa fecha sus facultades sern ejercitadas por el Presidente de la Repblica;
  • (Corresponde a los arts;
  • 99 inc;
  • 7, 100 y 101;

) Decimotercera. A partir de los trescientos sesenta das de la vigencia de esta reforma los magistrados inferiores solamente podrn ser designados por el procedimiento previsto en la presente Constitucin. Hasta tanto se aplicar el sistema vigente con anterioridad.

  1. (Corresponde al Artculo 114) Decimocuarta;
  2. Las causas en trmite ante la Cmara de Diputados al momento de instalarse el Consejo de la Magistratura, les sern remitidas a efectos del inc;
  3. 5 del Artculo 114;
  4. Las ingresadas en el Senado continuarn all hasta su terminacin;

(Corresponde al Artculo 115) Decimoquinta. Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo rgimen de autonoma de la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercer una legislacin exclusiva sobre su territorio, en los mismos trminos que hasta la sancin de la presente.

El jefe de Gobierno ser elegido durante el ao mil novecientos noventa y cinco. La ley prevista en los prrafos segundo y tercero del Artculo 129, deber ser sancionada dentro del plazo de doscientos setenta das a partir de la vigencia de esta Constitucin Hasta tanto se haya dictado el Estatuto Organizativo la designacin y remocin de los jueces de la ciudad de Buenos Aires se regir por las disposiciones de los arts.

114 y 115 de esta Constitucin. (Corresponde al Artculo 129) Decimosexta. Esta reforma entra en vigencia al da siguiente de su publicacin. Los miembros de la Convencin Constituyente, el presidente de la Nacin Argentina, los presidentes de las Cmaras Legislativas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia prestan juramento en un mismo acto el da 24 de agosto de 1994, en el Palacio San Jos, Concepcin del Uruguay, provincia de Entre Ros.

Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario para que sus miembros y funcionarios juren esta Constitucin Decimosptima. El texto constitucional ordenado, sancionado por esta Convencin Constituyente, reemplaza al hasta ahora vigente.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCIN NACIONAL CONSTITUYENTE, EN LA CIUDAD DE SANTA FE, A LOS VEINTIDS DAS DEL MES DE AGOSTO DEL AO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. ARTICULO 2. – El texto transcripto en el Artculo 1 de la presente ley incluye todas las disposiciones constitucionales sancionadas por la Convencin Nacional Constituyente reunida en las ciudades de Santa Fe y Paran en el ao 1994, comprendiendo como Artculo 77, segunda parte, la aprobada en la sesin del primero de agosto de 1994 que expresa: “Los proyectos de ley que modifiquen el rgimen electoral y de partidos polticos debern ser aprobados por mayora absoluta del total de los miembros de las Cmaras”. .

¿Quién puede convocar una consulta popular en Argentina?

Buenos Aires, 22 de octubre de 1998. – La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley Referéndum y Consulta Popular TITULO I OBJETO Y FINALIDAD Artículo 1. – La presente Ley tiene por objeto la reglamentación de los institutos de consulta previstos en los artículos 65 y 66 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capítulo I De los institutos de consulta Artículo 2. – El Referéndum es el instituto por el cual se somete a la decisión del electorado la sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general. El voto es obligatorio y el resultado, vinculante.

Artículo 3. – La Consulta Popular es el instituto por el cual el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o las Juntas Comunales, dentro de sus ámbitos territoriales, requieren la opinión del electorado sobre decisiones de sus respectivas competencias. El voto no es obligatorio y el resultado no es vinculante.

TITULO II DEL REFERÉNDUM Artículo 4. – No pueden ser sometidas a Referéndum las materias excluidas del derecho de iniciativa, los tratados interjurisdiccionales y las que requieran mayorías especiales para su aprobación.

Artículo 5. – El Poder Legislativo convoca a Referéndum en virtud de Ley que no puede ser vetada, sancionada en sesión especial convocada al efecto. Artículo 6. – El Poder Ejecutivo convoca a Referéndum, mediante decreto y en el término de noventa (90) días, sólo cuando la Legislatura no hubiere tratado en el plazo de doce (12) meses un proyecto de Ley por procedimiento de iniciativa popular que cuente con más del quince por ciento (15%) de firmas del total de inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad. – La Ley o decreto de convocatoria, según corresponda, debe contener:

  1. el texto íntegro de la norma de alcance general a ser sancionada o derogada o el articulado objeto de modificación;
  2. la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera afirmativa;
  3. la fecha de realización del Referéndum.

Artículo 8. – La sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general sometida a decisión del electorado es aprobada cuando el voto afirmativo obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Artículo 9. – El Presidente de la Legislatura remite el texto al Poder Ejecutivo quien debe publicarlo dentro de los diez (10) días de recibido en el Boletín Oficial.

  1. Artículo 7;
  2. La Ley entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación o en el plazo que ésta disponga;
  3. Artículo 10;
  4. – En caso de que no se cumplan los extremos del artículo 8 la norma de alcance general sometida a la decisión del electorado no puede volver a considerarse en los dos años legislativos subsiguientes;

TITULO III DE LA CONSULTA POPULAR Artículo 11. – No pueden ser objeto de Consulta Popular las materias excluidas en el Artículo 4 de la presente Ley, excepto la tributaria. Artículo 12. – La Consulta Popular puede ser convocada por:

  1. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de Ley, aprobada en sesión especial convocada al efecto.
  2. El Jefe de Gobierno, en virtud de decreto.
  3. Las autoridades comunales mediante el instrumento que establezca la Ley que regule su organización y competencias.

Artículo 13. – La convocatoria a Consulta Popular contiene:

  1. La decisión puesta a consideración del electorado.
  2. La pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera afirmativa.
  3. La fecha en que se realizará la Consulta Popular.

Artículo 14. – La opinión del electorado se considera como positiva o negativa a simple pluralidad de sufragios. TITULO IV DE LAS DISPOSICIONES COMUNES CAPITULO I De la difusión Artículo 15. – La convocatoria se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antelación no menor a treinta (30) ni mayor a noventa (90) días, respecto de la fecha fijada para la realización del Referéndum o de la Consulta Popular.

El plazo mínimo previsto en el párrafo anterior podrá ser reducido en casos de extrema gravedad institucional. (Conforme texto Artículo 1 de la Ley N163, BOCBA Nº 656 del 19/03/1999). Nota de Redacción: Véase Ley Nº 164, BOCBA 656 del 19/03/1999.

Artículo 16. – Se difunde por los siguientes medios:

  1. En la emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días;
  2. En todo otro medio de difusión gráfico, televisivo, radial o informático del que dispongan la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo y las Autoridades Comunales, según corresponda;
  3. En dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, durante dos (2) días.

CAPITULO II Del acto eleccionario Artículo 17. – No puede convocarse a Referéndum en fecha coincidente con la realización de elecciones de autoridades nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las Comunas. Artículo 18. – El acto eleccionario se rige por el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que sea de aplicación y no se oponga a la presente Ley.

Artículo 19. – A los efectos de esta Ley se considera el último padrón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Comuna, según corresponda. Artículo 20. – El electorado se manifiesta por SÍ o por NO, en boletas separadas de un mismo tamaño, color, forma y texto, según modelo adjunto en Anexo I , que integra la presente Ley.

Artículo 21. – La pregunta debe formularse a través de un enunciado afirmativo, con objetividad, claridad y precisión sin insinuar directa o indirectamente el sentido de la respuesta. No pueden contener considerando, preámbulo, nota explicativa, logo, dibujo o fotografía alguna que puedan inducir o confundir al electorado.

Artículo 22. – En el caso de que se realicen en una misma fecha más de un Referéndum y/o Consulta Popular, las boletas que se utilicen deben diferenciarse claramente entre ellas. Artículo 23. – El Tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a su cargo el control de la redacción y confección de las boletas.

DISPOSICION TRANSITORIA N 1: El procedimiento electoral se regirá por las disposiciones prescritas por la Ley Electoral Nacional, hasta tanto se sancione la normativa especifica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 24. – Comuníquese, etc.

¿Cuál fue el último referendum en Argentina?

Enlaces externos [ editar ] –

  • Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Plebiscito nacional de Argentina de 1984.

¿Qué es la iniciativa popular y un ejemplo?

La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa. Se trata de la posibilidad, amparada en la Constitución, por la que las personas pueden presentar iniciativas de ley sin ser representantes populares en sus respectivos congresos.

¿Que no puede ser objeto de iniciativa popular?

ARTICULO 3 º-No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

¿Cómo es el proceso de iniciativa popular según la Constitución Nacional?

La iniciativa popular deberá instrumentarse por escrito y contener la petición en forma de ley, una exposición de motivos fundada, el nombre y apellido del o de los promotores — que asumen responsabilidad personal—, la descripción de los gastos efectuados y del origen de los recursos durante el período previo a la.

¿Qué significa consolidar la paz interior en el preámbulo?

Consolidar la paz interior  Significa evitar y suprimir la violencia y las luchas civiles, a fin de crear un orden pacífico interno.

¿Cuál es la ley fundamental de la Argentina?

¿Qué es la Constitución Nacional? –

  • Es la ley fundamental que rige nuestro país.
  • Garantiza los derechos y libertades de las personas.
  • Regula la organización y el ejercicio de los poderes del Estado.
  • Es la ley suprema porque las demás leyes deben respetar sus lineamientos.

¿Cuál es el objetivo de la constitución argentina?

Constitución Nacional de la Nación Argentina Su objetivo era constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.

¿Qué dice el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia?

*20196000212001*   Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No. : 20196000212001 Fecha: 28/06/2019 11:16:15 a. Bogotá D. REF: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Inhabilidad para aspirar al cargo de alcalde por parte de ciudadanos colombianos por adopción.

  • RAD;
  • 20192060185872 del 28 de mayo de 2019;
  • En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual consulta si un ciudadano nacido en Valparaíso-Chile, nacionalizado en Colombia puede ser candidato a la alcaldía del municipio de Arboleda-Nariño, me permito manifestar lo siguiente: La Constitución Política establece: ” ARTÍCULO 40;

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

  • Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas;
  • Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley;

Tener iniciativa en las corporaciones públicas. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.

  • La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse;
  • Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública;

” (Subrayado fuera de texto) Nótese que el numeral 7) de la anterior disposición establece como regla general que todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Así mismo, fija una excepción al ejercicio de tal derecho, cuando determina que éste no le asiste al colombiano por nacimiento o por adopción que tenga doble nacionalidad.

  1. Por su parte, la Ley 136 de 1994 1 dispone: “ARTÍCULO 86;
  2. CALIDADES;
  3. Para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano Colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época;

(…)” A su vez, la Corte Constitucional en Sentencia C-151 de 1997, con ponencia del Magistrado Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, expresó: “(…) Sobre el particular debe anotarse que la Constitución del 91 consagró a los municipios (art. 311 ) “como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado”, otorgándole autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señala la Constitución y la ley.

Ello está encaminado a obtener el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de su territorio. Estas prerrogativas, significaron nuevas facultades y especiales obligaciones que deben cumplirse por intermedio de las autoridades municipales, y que se manifiestan, de manera principal, en el manejo del orden y las finanzas públicas, la prestación de los servicios públicos, la construcción de obras y en general, todas aquellas relacionadas con el desarrollo social y económico del municipio.

Así entonces, la gestión adelantada por los alcaldes como representantes del municipio colombiano, comprometen de manera importante los destinos políticos del país y, ello se constituye en razón suficiente para que el legislador, buscando proteger los altos intereses estatales, entre otros, la soberanía de nuestro país, en especial en las zonas de frontera, haya impedido el acceso al desempeño del cargo de alcalde a los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad (arts.

  • 40-7 y 293 de la C;
  • ); descartando así, que la primera autoridad municipal pueda verse envuelta en conflictos de carácter supranacional;
  • Además, como ya se anotó, por mandato constitucional el legislador puede válidamente regular efectos disímiles entre las dos clases de colombianos y así mismo, siguiendo los criterios del artículo 293 de la Constitución, establecer las inhabilidades para el ejercicio del cargo de alcalde, en razón de la discrecionalidad que el constituyente le otorgó en esta materia;

El artículo 293 de la Carta señala expresamente:  “Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fechas de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales.

  1. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones;
  2. ” Es claro que, en lo que respecta a las entidades territoriales, la Carta faculta a la ley para determinar las inhabilidades, incompatibilidades y, en general, todos los aspectos relacionados con el ejercicio de funciones públicas por parte de aquellos ciudadanos que sean elegidos por voto popular; obviamente, dicha labor debe cumplirse, tal como lo prescribe la propia norma, “sin perjuicio de lo establecido en la Constitución”;

Es decir, la reglamentación debe adelantarse de conformidad con las demás disposiciones constitucionales que regulen la materia, en este caso, en armonía con los artículos 40-7, 96, 100 y aquellos que se relacionan con el ejercicio de cargos públicos que, como se anotó, permiten al legislador establecer distinciones en cuanto a la doble nacionalidad, es decir, en atención al hecho de que el nacional lo fuera por nacimiento o por adopción.

En el caso que se examina, razones de Estado fundadas en la necesidad de garantizar plenamente el compromiso, la imparcialidad e independencia de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones con la salvaguarda de los intereses nacionales, llevaron al legislador a excluir a los colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad, del ejercicio del cargo de alcalde.

Obsérvese que el artículo 86 de la ley 136 de 1994, al establecer las calidades para ser elegido alcalde dispone que ” se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

” Con lo cual puede afirmarse, que la norma no excluye del grupo de aspirantes a los nacionales por adopción, por lo que debe entenderse que la causal de inhabilidad demandada se aplica sólo en aquellos casos en que el nacional por adopción tenga doble nacionalidad.

Cabe puntualizar que en materia de inhabilidades, esta Corporación ha reconocido la amplia facultad reglamentaria que le asiste al legislador, por mandato expreso de la Constitución. Sobre el particular dijo la Corte en reciente pronunciamiento: “Ahora bien, la Corte entiende que el legislador goza, por mandato de la Constitución, de plena libertad, independencia y autonomía para determinar los parámetros, criterios y reglas a seguir en cuanto a la definición de alguna de las materias que le corresponde reglamentar, como es el caso del régimen de prohibiciones para la elección y el ejercicio de la función de alcalde, gobernador, concejal o diputado.

Así las cosas, para determinar -por ejemplo- una inhabilidad, que ha sido definida como “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.

” (Sentencia No. C-329 de 1995, M. , Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) (Negrillas fuera de texto) De este modo, la Corte no encuentra vicio de inconstitucionalidad alguno en la inhabilidad para ser alcalde, referida a los colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad, pues resulta claro que la misma se aviene al contenido de los artículos 40-7 y 293 de la Carta que defieren en la ley, la facultad de reglamentar lo referente a las inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas, en particular, en las entidades territoriales.

Asimismo, el hecho de que la norma acusada haya excluido de su aplicación a los nacionales por nacimiento, no desconoce en manera alguna el principio de igualdad política, pues como se explicó, es la propia Constitución la que consagra diferencias entre nacionales y, además, entrega amplias facultades al legislador para reglamentarlas, en los términos en ella dispuestos.

” De acuerdo con el anterior pronunciamiento, la gestión adelantada por los alcaldes como representantes del municipio colombiano, comprometen de manera importante los destinos políticos del país y, ello se constituye en razón suficiente para que el legislador, buscando proteger los altos intereses estatales, entre otros, la soberanía de nuestro país, en especial en las zonas de frontera, haya impedido el acceso al desempeño del cargo de alcalde a los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad (artículos 40 numeral 7 y 293 de la Constitución Política), descartando así, que la primera autoridad municipal pueda verse envuelta en conflictos de carácter supranacional.

Así las cosas, por mandato constitucional el legislador puede válidamente regular efectos disímiles entre las dos clases de colombianos y así mismo, siguiendo los criterios del artículo 293 de la Constitución, establecer las inhabilidades para el ejercicio del cargo de alcalde, en razón de la discrecionalidad que el constituyente le otorgó en esta materia.

En ese orden de ideas, la alta Corporación consideró ajustada al ordenamiento superior la norma demandada que establecía que no podía ser elegido, ni designado alcalde quien tuviera doble nacionalidad, con excepción de los colombianos por nacimiento, sin embargo, revisando el cuerpo normativo de la Ley 617 de 2000, por la cual se modifica la Ley 136 de 1994, tal excepción y su salvedad no fueron consagradas.

En caso de que requiera mayor información sobre las normas de administración de los empleados del sector público y demás temas competencia de este Departamento Administrativo puede ingresar a la página web de la entidad, en el link “Gestor Normativo”: /eva/es/gestor-normativo , donde podrá encontrar todos los conceptos relacionados emitidos por esta Dirección Jurídica.

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cordialmente, ARMANDO LOPEZ CORTES Director Jurídico Proyectó: Daniela Castellanos Revisó: Jose Fernando Ceballos Aprobó: Armando Lopez Cortes.

¿Qué dice el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia?

  • Artículo 42. ART. 42. —La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.

    La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

    Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.

    La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

    Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 43 ARTICULO 43º—La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 44 ARTICULO 44º—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
    • La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes;
    • La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos;

    Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 45 ARTICULO 45º—El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 46 ARTICULO 46º—El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 47 ARTICULO 47º—El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 48 ARTICULO 48º—La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

    La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

    La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. INC. — Adicionado. 1/2005, art. 1 º. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo.

    1. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas;
    2. INC;
    3. — Adicionado;

    1/2005, art. 1 º. Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

    INC. — Adicionado. 1/2005, art. 1 º. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

    Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del sistema general de pensiones. INC. — Adicionado. 1/2005, art. 1 º. En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

    1. INC;
    2. — Adicionado;
    3. 1/2005, art;
    4. 1 º;
    5. Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del sistema general de pensiones;

    No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido. INC. — Adicionado. 1/2005, art. 1 º. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

    Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.

    INC. — Adicionado. 1/2005, art. 1 º. A partir de la vigencia del presente acto legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo.

    • INC;
    • — Adicionado;
    • 1/2005, art;
    • 1 º;
    • Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año;
    • Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento;

    INC. — Adicionado. 1/2005, art. 1 º. La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados.

    PAR. 1º— Adicionado. 1/2005, art. 1 º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.

    PAR. 2º— Adicionado. 1/2005, art. 1 º. A partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones.

    PAR. TRANS. 1º— Adicionado. 1/2005, art. 1 º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta.

    Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del sistema general de pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. PAR. TRANS. 2º— Adicionado.

    • 1/2005, art;
    • 1 º;
    • Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la fuerza pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del sistema general de pensiones expirará el 31 de julio del año 2010;

    PAR. TRANS. 3º— Adicionado. 1/2005, art. 1 º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado.

    1. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes;

    En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. PAR. TRANS. 4º— Adicionado. 1/2005, art. 1 º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

    Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen. PAR. TRANS. 5º— Adicionado.

    1/2005, art. 1 º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo.

    • A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes;

    PAR. TRANS. 6º— Adicionado. 1/2005, art. 1 º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8º del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 49 ARTICULO 49º—La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
    • También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control;
    • Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley;

    Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 50 ARTICULO 50º—Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 51 ARTICULO 51º—Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 52 ARTICULO 52º— Modificado. 2/2000, art. 1º. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. NOTA: El texto de la norma modificada era el siguiente: ” Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 52. ART. 52. —Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 53 ARTICULO 53º—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

    Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

    El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 54 ARTICULO 54º—Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 55 ARTICULO 55º—Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 56 ARTICULO 56º—Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 57 ARTICULO 57º—La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 58 ARTICULO 58º— Reformado. 1/99, art. 1º. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

    La ley reglamentará su composición y funcionamiento. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

    Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. NOTAS: El texto de la norma reformada era el siguiente: ” Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 58. ART. 58. —Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

    La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

    Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.

    • Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara;

    Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 59 ARTICULO 59º—En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 60 ARTICULO 60º—El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 61 ARTICULO 61º—El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 62 ARTICULO 62º—El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar. El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 63 ARTICULO 63º—Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 64 ARTICULO 64º—Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 65 ARTICULO 65º—La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 66 ARTICULO 66º—Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 67 ARTICULO 67º—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
    1. La ley reglamentará la materia;
    2. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos;
    3. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo;

    La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 68 ARTICULO 68º—Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

    Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

    La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Volver al inicio Volver al indice

  • Artículo 69 ARTICULO 69º—Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 70 ARTICULO 70º—El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 71 ARTICULO 71º—La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 72 ARTICULO 72º—El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 73 ARTICULO 73º—La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 74 ARTICULO 74º—Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 75 ARTICULO 75º—El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 76 ARTICULO 76º—La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia en el inciso anterior. Volver al inicio Volver al indice
  • Artículo 77 ARTICULO 77º—La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado. La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una junta directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al director.

    El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Los miembros de la junta tendrán período fijo. El Gobierno Nacional designará dos de ellos.

    Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la entidad. PAR. —Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión. Volver al inicio Volver al indice

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